Actualmente existe una profunda preocupación por los diversos hechos de violencia que han ocurrido dentro del proceso electoral 2021 y que desafortunadamente han costado en la pérdida de vidas humanas.
Lo cierto es que estamos en un momento crítico donde el crimen organizado se ha infiltrado en las diversas campañas políticas que han tenido curso en este periodo del año.
De acuerdo a Etellekt, los incidentes se han enfocado en los candidatos a las diversas alcaldías del país y a los candidatos a diputaciones locales a nivel nacional. Este proceso electoral es ya el segundo más violento desde el año 2000. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia.
La violencia política y las banalidades de los candidatos, que se difunden en campaña, representan un rotundo golpe a la democracia ya que amenazan a la autonomía e integridad de las futuras autoridades electas. También se ha dejado vulnerable a algunos candidatos que puedan acceder al poder y convertirse en autoridades comprometidas con el crimen organizado y que puedan infiltrarse en áreas como obra pública para el lavado de dinero y vías de comunicación donde el tráfico y transporte de drogas se puede realizar.
Al término de este ciclo electoral, será necesario que los partidos políticos dejen sus diferencias a un lado y formen un solo frente para atender este fenómeno que pone en riesgo a nuestra débil democracia. Esto debe de atenderse a la brevedad para saber que candidatos estuvieron inmiscuidos en actividades ilícitas y evitar que futuros candidatos puedan acceder a un puesto de elección popular mediante prácticas violentas dirigidas a sus adversarios.
La violencia no tiene lugar en la democracia y se debe analizar por el Gobierno Federal la aplicación del artículo 29 constitucional en diversas zonas del país donde el crimen organizado está desbordado, como el caso de la zona caliente de Michoacán.
El artículo 29 contempla la suspensión de garantías individuales en los casos de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente pueden realizarlo. Es momento de contemplar esta suspensión y poner orden.
No podemos dejar a la deriva el esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y mexicanas que han contribuido al fortalecimiento de los valores democráticos de este país.
Arturo Argente Villarreal
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Tec de Monterrey
Campus Toluca.
