El 23 de marzo pasado nuestra democracia volvió ser amedrentada por un grupo de legisladores de distintos partidos, al presentar una iniciativa de reforma constitucional para acotar las capacidades de interpretación y control constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahora le tocó a la máxima autoridad jurisdiccional en asuntos electorales estar en el ojo del huracán y se intentaba limitar las facultades del tribunal electoral para conocer y resolver sobre asuntos internos de los partidos políticos. También planteaban que los temas de igualdad de grupos vulnerables fueran atendidos, de forma exclusiva, por el Congreso de la Unión donde el partido oficial tiene control total, además, deja a los congresos locales fuera de toda participación en este tipo de temas. Todo este tipo de cuestiones afectan de manera directa a nuestra democracia, ya que los tribunales están creados para aplicar la ley y determinar si hay violaciones en los procesos electorales en cada elección.
El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral con apego al texto constitucional.
Son muchos los pendientes que todavía debemos de atender en temas políticos electorales de este país y uno de ellos es la de incrementar la participación política de las mujeres en México y cumplir con la cuota de género de 40% en las candidaturas legislativas, vigilando que cada uno de los partidos políticos no recurran excepciones o excusas donde evadan esta obligación. Cuando hablamos de paridad en candidaturas, hablamos de cumplir con una obligación constitucional a la cual no podemos ser indiferentes y que fue ordenada por el mismo tribunal en el año 2021. El principio de paridad en candidaturas podría quedar en riesgo si esta propuesta llegará a avanzar.
La sociedad civil reaccionó y se manifestó en las redes sociales ante este abusivo intento partidista con tintes autoritarios de realizar esta reforma constitucional, y fue tanta la presión de la ciudadanía que esta iniciativa no procedió.
Es importante entender que para poder avanzar en el desarrollo de nuestra democracia debemos de proteger aspectos como transparencia, rendición de cuentas, la autonomía del INE y la figura del tribunal electoral para poder alcanzar acuerdos políticos y proteger los deseos de la mayoría de los mexicanos. La gestión pública debe estar a la vista de los ciudadanos, luchar contra la corrupción no es meter a gente a la cárcel, sino limitar las causas y acabar con la impunidad.
Si hay algún legislador que tenga la intención de poner en riesgo la democracia de nuestro país tendrá que enfrentar la oposición de una sociedad civil organizada, estructurada y comprometida con los cimientos democráticos de esta nación.
En estos momentos, esta iniciativa está congelada.
