El sentimiento de atestiguar cómo se viola la ley y el victimario no recibe castigo alguno, es síntoma de un severo malestar que se vive en toda la población.
A pesar del caos en Culiacán, el presidente López Obrador insistió en que su enfoque de no violencia hacia las bandas de narcotraficantes sigue siendo el correcto. "No queremos una guerra", no hay denuncia alguna, ni indiciado al que se sancione en la pesadilla que se vivió en Sinaloa. Carpetazo y aquí no pasó nada.
El sistema de procuración de justicia en el ámbito federal ha sido una verdadera afrenta a nuestro sistema de justicia. Desde el inicio de las dos últimas administraciones, se han detenido a 233 personas que fueron señalados como “cabezas de grupos delictivos”. Sin embargo, “mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” revelaron que sólo 13 de ellos fueron condenados por delitos menores. Este dato ejemplifica la ineficiencia de la PGR en los tribunales mexicanos.
De acuerdo a lo que señala la asociación civil “Impunidad Cero”, el nivel de impunidad en México es de 98.86 % y existe una tasa de delitos de 93.6 % que no se denuncian y tampoco se investigan.
La impunidad en México es un fenómeno que lacera y que está muy generalizado. Según la investigación "Homicidio doloso en México: reporte 2018", existe una impunidad de 87.5 % para este delito, lo que significa que solo se resuelve uno de cada siete asesinatos.
Es decir, el origen de la impunidad en México radica en las fiscalías estatales y federales más que en los tribunales. Esto refleja el mal manejo de los recursos públicos, alterando el bienestar y la paz de la población mexicana. La impunidad se convierte en un incentivo para que se sigan violando los derechos humanos de la ciudadanía.
El fracaso de la denuncia penal en México se puede explicar por la escasa cantidad de personas que confían en los ministerios públicos, además del tiempo de espera para ser atendidos en una fiscalía; sin contar con las constantes violaciones a la dignidad que tiene que enfrentar un denunciante, lo que provoca que baje la efectividad que está detrás de la procuración de justicia en el país.
La realidad es abrumadora, y es que las diversas fiscalías representan modelos de gestión ineficientes que son ejemplo para realizar aprensiones no complementadas y que promueven la incidencia en la efectividad de los delitos. Generalmente se culpa al sistema penal acusatorio de la impunidad que vivimos en el país y se busca aplicar enmiendas legislativas para subsanar a las fallas operativas que se vienen generando por décadas. Es necesario implementar mejoras en las prácticas y modelos de investigación con indicadores que establezcan directrices para medir los avances que las fiscalías necesitan.
El éxito del narcotráfico tiene como trasfondo la fragilidad de nuestro sistema de procuración de justicia. Mientras no se cumpla con el principio básico que rige el derecho penal de obtener la verdad real, seguiremos inmersos en esta oscura pesadilla.
