El impuesto por tenencia de automóvil, creado en 1962, supuestamente para financiar las olimpiadas de 1968 y que existiría de manera temporal, se ha convertido en el arancel más odiado por los mexicanos y por los habitantes de los países en donde existe. Ya se hizo maduro y camina hacia la vejez. Ahora tiene 57 años de supervivir.
Su desaparición ha sido promesa con fines electorales, como la hizo Felipe Calderón durante su campaña presidencial, que finalmente acabó por no cumplir. Otros políticos, como Eruviel Ávila, tuvieron que refrendar la oferta de su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien prometió su cancelación, pero una vez que estuviera fuera del gobierno del estado de México.
Algunos más se comprometieron a abolirlo una vez en funciones, para congraciarse con sus gobernados y así, a la fecha existen 19 estados que ya no cobran por dicho concepto. A saber: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Estas entidades se convirtieron en punto de envidia de los habitantes de la Ciudad de México y del resto del país en donde sí se paga el odiado impuesto, porque, además, sus gobernantes no han tenido a bien deshacerse de él, debido a que resulta conveniente mantenerlo, ya que genera una ganancia bastante alta, sólo por el hecho de que alguien desee poseer un automóvil.
Pues el nuevo gobierno quiere acabar con la risa de los morelenses, de los zacatecanos, de los bajacalifornianos, de los Chihuahuenses, de los duranguenses, de los jaliscienses y de todos los que tienen la hasta hoy la gracia de vivir en uno de esos estados afortunados. La Secretaría de Hacienda ha reiterado últimamente que todos, sin excepción, deben pagar.
Sin embargo, este anuncio ha provocado el disgusto de los mexicanos. Dicen que nadie tiene la culpa de las ofertas hechas por el actual Presidente, de dar dinero a los viejitos, a los ninis, a los huachicoleros, a quienes se pretende apartar del delito; así como becas a estudiantes que ni siquiera son promesa para el país, pues su interés en la escuela, su capacidad para aprender y otras cualidades no importan. Alegan que si el Primer Mandatario desea mantener a quien quiera, pues que lo haga, pero que respete lo que llaman conquistas del pueblo, así sean producto de una promesa política.
