La libertad de expresión es un derecho con una larga historia de lucha para defenderlo a partir de su violación sistemática a escala nacional, en otros tiempos, pero hoy aún en auge en estados y municipios fallidos, dominados por caciques y criminales, donde el poder está en manos de la delincuencia organizada, a la que sirven las autoridades civiles.
Si bien en el gobierno federal anterior aún quedaban resabios de los años de gloria del partidazo, el PRI, cuando manejaba a la prensa nacional a su antojo, desde la Presidencia peñista o desde la Secretaría de Gobernación osoriana se presionaba para imponer su agenda, pero la realidad es que pocos medios se plegaron una vez que los hechos cotidianos pusieron las cosas en su lugar día a día.
El tema es que esa lucha por la libertad de expresión y las nuevas tecnologías de la información, la transformación de los medios de comunicación, han dado paso a un crecimiento descontrolado de plataformas y de seudoperiodistas, daño colateral desprendido de casos como el de un comunicador en Veracruz y otro en Yucatán que motivaron al Poder Judicial a adoptar la amplia definición prevista por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consistente en que “un periodista es cualquier persona que difunda información con relevancia social, con independencia del medio de comunicación en que se desempeñe”. Hasta aquí todo va bien, pero después viene un paréntesis: “radio, televisión o blogs en internet”, y continúa: “Si está asociado a un medio o si ejerce su profesión de forma independiente”.
Ahora veamos lo que dice el Artículo 2 de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de 2012: “Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión o comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
Entendiendo que la ampliación del término periodista tiene como objetivo protegerlo y darle más herramientas ante los embates contra su libertad de expresión, es cierto también que tales decisiones han propiciado que cualquier persona en posesión de una computadora abra un espacio, sea un portal o un blog, y se asuma como tal amparado en la ley, derivando en casos tan desafortunados como los porristas del Presidente que acuden a reventar toda interlocución posible entre los auténticos reporteros y el anfitrión de Palacio.
Y claro, el abuso de la libertad de expresión da pie hasta para que el Presidente justifique la agresión de uno de sus paleros a una reportera, debiendo saber que es un derecho no absoluto, que no puede estar sobre el derecho a la vida. Cuando un columnista nefasto retuiteó en campaña una amenaza al entonces candidato de Morena, hasta sus adversarios se solidarizaron y expresaron una condena. Parece que ya lo olvidó.
@acvilleda
