El Presidente anunció esta semana que su gobierno “ya sabe qué pasó” en Iguala, pero dará a conocer el resultado de la investigación, adicional a la que arrojó la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, hacia finales de año para desahogar las diligencias pendientes. Entre otras tareas por agotar está la extradición de Tomás Zerón (no hay tratado en la materia con Israel) y los efectos que se desprendan de su defensa frente a los delitos de secuestro, tortura, manipulación de evidencia y malversación de fondos que se le imputan.
El tema es de alta relevancia dado que el papel del policía, sea cual sea, es clave en la narrativa del gobierno federal, antagónica a la investigación del sexenio de Peña. El que fue titular de la Agencia de Investigación Criminal durante las pesquisas por la desaparición de los 43 normalistas se refugió desde septiembre de 2019 en Israel, donde se creó una fiscalía para atender la solicitud de México, pero lo que debió ser un procedimiento expedito de recepción y presentación de pruebas a un juez se ha empantanado.
¿Por qué? Funcionarios que conocen del caso en México aseguran que se ha entregado suficiente evidencia, pero fuentes de alto nivel de la parte israelí, también cercanas al asunto, no dudan en atribuir la demora “al lado mexicano”, cuyo fiscal asignado es Omar Gómez Trejo, pues a cada avance en la revisión del material hay un nuevo envío de pruebas que retrasa la conclusión.
Por ambas fuentes se sabe que habrá un segundo viaje de una comitiva mexicana a Jerusalén para dar seguimiento, no más allá de septiembre, pero en Israel esperan que el grupo no llegue con “nuevas evidencias” que frenen una vez más el avance. Otro dato es que cuando se hace pública información del tema, esa violación al secreto de la indagatoria solo favorecerá a Zerón, quien podrá alegar fallas en el debido proceso.
Aunque hay una “comunicación continua y muy buena” entre las fiscalías de ambos países, también es cierto que “la presión” desde Palacio Nacional y la SRE ha sido intensa, dicen las fuentes israelíes. Consultados sobre la demora, en la cancillería solo dicen que “no hay actualización del caso”.