Tres muertes sospechosas y cientos de denuncias de irregularidades tienen bajo investigación judicial al penal federal de Ramos Arizpe, Coahuila, sin siquiera una condena, declaración o mínima expresión al respecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal ni de su titular Rosa Icela Rodríguez, responsables de ese y el resto de penales federales del país.
En junio me visitó en el estudio de Notivox Tv el periodista Víctor Hugo Arteaga de Xpectro FM, que ha documentado la serie de ilegalidades cometidas en ese penal federal. Acababan de publicar una investigación relacionada al posible asesinato de un interno. Desde entonces, cada publicación ha sido confirmada. La semana pasada nos presentó el audio de otro interno que se queja de recibir amenazas y ser aislado del resto simplemente por haber solicitado atención médica.
La herencia neoliberal de la que siempre habla la 4T cuando le ocurren estas desgracias no aplica en este caso. El penal de Ramos Arizpe es de reciente creación. Se empezó a construir en 2010 en el sexenio de Calderón, pero se inauguró hasta el final del gobierno de Peña Nieto, tres meses antes de que asumiera la Presidencia López Obrador. Por lo que desde sus inicios, su funcionamiento es responsabilidad de este gobierno.
La 4T recibió varias alertas de lo que ocurría y no actuó. En 2019, la CNDH contabilizó 26 quejas por violaciones a derechos humanos. En 2020 se triplicaron a 83. Y en 2021 subieron a 180.
Dentro del penal ocurrieron dos posibles asesinatos y un suicidio por omisión: Agustín Martínez Torres, de 27 años, fue reportado muerto supuestamente por golpearse en la cabeza al caer de la cama, pero en realidad murió asfixiado; un interno con problemas de esquizofrenia se suicidó, tras dejarlo solo; finalmente, la muerte de Oliver Eduardo Ramos Cardoza, de 25 años, fue reportada como un paro cardiaco, pero su cuerpo tenía golpes y videos en poder de Xpectro FM demostraron cómo al menos nueve custodios entraron a su celda a la fuerza para golpearlo y sacarlo con violencia, subirlo a una camioneta y llevarlo al área médica del penal.
Las autoridades tienen prisa para dar con quienes filtraron ese video, pero no con los responsables de los crímenes denunciados. La directora del penal, Jetzael Martínez Cisneros, ya fue cesada, pero el resto del personal solo fue reubicado dentro de la misma prisión.
¿La autoridad no debería informar al respecto o seguirá tapando al muerto?
