El Tribunal Supremo de España se negó a abrir una causa penal contra el rey emérito Juan Carlos de Borbón por la gestión de su fortuna. Los magistrados rechazaron la querella que varios juristas, entre ellos jueces jubilados del Supremo, intelectuales y fiscales, presentaron contra él, alegando que la Fiscalía había cerrado el caso en falso después de investigar durante años.
El auto del Supremo explica que su decisión se basa en el informe del Ministerio Público en el que se oponía a esa admisión de la querella y destaca que los hechos expuestos en la misma o no son constitutivos de delito, o están prescritos o han sido regularizados.
El tribunal de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Manuel Marchena, considera que en términos jurídicos nada ha cambiado desde el decreto de archivo de la Fiscalía de hace 3 años por los mismos hechos.
La resolución recuerda que la querella sostenía que el emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum.
Detalla que el grupo de juristas querellantes defendían que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.
No obstante, los magistrados del alto tribunal sostienen que los hechos investigados ya fueron objeto de archivo razonado por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y que la querella presentada no aporta nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir la investigación.
La Fiscalía investigó durante varios años los movimientos millonarios de Juan Carlos I en el extranjero y a espaldas de Hacienda, antes y después de dejar la corona en 2014.
Los investigadores concluyeron que el monarca amasó una fortuna sin dar cuentas a la Hacienda española, por ejemplo, con los 60 millones de euros que el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita transfirió el 8 de agosto de 2008 sin justificar, con los viajes que le pagaron empresarios o con el dinero en un fideicomiso de la isla de Jersey.
El Ministerio Público también concluyó que estaba protegido por un triple escudo: la inviolabilidad que le protegió hasta que dejó el trono, la prescripción de buena parte de los hechos y, finalmente, la validez de los pagos que hizo a Hacienda para saldar sus deudas una vez la investigación estaba abierta.
Juan Carlos de Borbón, de 87 años, se refugió a Dubai precisamente cuando saltaron a la luz pública los escándalos de su fortuna y con Hacienda.
SNGZ
