Para fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas con un enfoque tecnológico, interinstitucional y de derechos humanos, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular, reformas la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley General de Población.
A petición de la oposición se dividió la votación de los dictámenes. Acción Nacional y Movimiento Ciudadano respaldaron, junto con Morena, PT y PVEM, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mientras que votaron en contra la Ley General de Población. El PRI rechazó todo.
Crearán CURP biométrica y Banco Nacional de Datos Forenses
La reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la crisis de desapariciones en el país, plantea crear la Plataforma Única de Identidad que integrará registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros archivos administrativos con bases de datos que permitan realizar búsquedas en tiempo real a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Se establece que la CURP biométrica, que incluirá huellas dactilares y fotografía, se convertirá en el documento de identificación nacional y tendrá un monitoreo en “tiempo real” para permitir búsquedas continuas y exhaustivas. Será utilizada tanto en formato físico como digital.
Además, se impone la obligación a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a particulares que administren bases de datos biométricos, de permitir el acceso a esta información a instancias como la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad, para facilitar las labores de búsqueda.
¿Cómo fue la discusión?
La quinta sesión del periodo extraordinario inició con una hora de retraso y sin quórum, ya que sólo había 60 senadores en la lista de asistencia, mientras que el pleno lució vació, como se ha visto en la mayoría de las discusiones de los temas prioritarios de la titular del Ejecutivo que se aprobaron esta semana.
Al presentar el dictamen, Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación hizo un llamado al pleno para aprobar el dictamen, al subrayar que está en juego la esperanza de más de 125 mil familias mexicanas. Y pidió dejar de lado los pretextos y los temores infundados sobre espionaje o control político.
“A un padre no le podemos decir: “aguántese como los machos y llore a su hijo. Por lo tanto, el dictamen que los invito a que aprobemos no lo regateen, no salgan con que no lo entienden, no salgan con que no está bien hecho, este es un dictamen que ya se discutió por cada una de sus bancadas.
"Ya dieron sus argumentos y esos son los argumentos que le tienen miedo a la iniciativa, que nos van a espiar, que nos van a controlar, que a través del teléfono van a saber a los hoteles que nos metemos, no seamos mezquinos, démosle al pueblo de México una muestra de solidaridad, de amor, de que sus senadores sirven para algo”, destacó.
El presidente de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, mencionó que este dictamen responde a los compromisos que el estado mexicano ha asumido ante organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Subrayó que uno de los ejes centrales de esta reforma es justamente reforzar los mecanismos de búsqueda con un enfoque de derechos humanos, garantizando procedimientos más eficaces y herramientas tecnológicas que permitan avanzar en la localización de las personas desaparecidas.
“No hay nada más desgarrador que no saber. La incertidumbre es una forma de tortura, quizá la peor forma de tortura y como Estado tenemos la obligación de impedir que esa incertidumbre se perpetúe. La desaparición de personas no puede ser normalizada, no puede ser vista como un daño colateral ni aceptada como un costo de los conflictos sociales. Es una herida abierta que exige verdad y justicia, sobre todo eso, justicia”, destacó.
La senadora del PRI, Karla Toledo, señaló que más de 100 organizaciones han expresado su rechazo, porque esta ley no garantiza una búsqueda efectiva, no da facultades ministeriales a la Comisión nacional, no dota de presupuesto ni de personal capacitado, sino lo que están haciendo es trasladar al ciudadano la carga de control institucional.
“La respuesta es clara: todo este montaje está diseñado para vigilar a la población entera, para poder intimidar o acallar a una persona si así lo decidieran. Y lo digo claro y fuerte: las desapariciones no se combaten con bases de datos descentralizadas, sino se combate con Estado de derecho, con justicia pronta y atención digna. Bien saben que México enfrenta una crisis de desaparición”, afirmó.
Así fue la sesión en el Senado:
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó su respaldo a la nueva ley, pero advirtió sobre los riesgos que implica la reforma paralela a la Ley General de Población.
Indicó que en un país donde reina la inseguridad es preocupante la falta de mecanismos, de herramientas para garantizar que el gobierno tenga una custodia de la información de 130 millones de mexicanos.
“Y no solo eso, sino que además se plantea a partir de esta reforma un plazo de 120 días para que se conforme también ese padrón de datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.
"Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en un país donde reina la inseguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio, es verdaderamente preocupante la falta de mecanismos, de herramientas para garantizar que el gobierno tenga una custodia responsable, una custodia segura de esta información”, subrayó.
Preocupa incremento en desapariciones
La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel, denunció un alarmante incremento en el número de personas desaparecidas en México y expresó su preocupación por la forma en que el gobierno pretende manejar los datos personales de la ciudadanía.
Sanmiguel señaló que 2024 cerró con la cifra más alta de personas desaparecidas en el país, con más de 31 mil casos. Además, entre enero y abril de 2025 se han registrado 5 mil 225 desapariciones, lo que representa un incremento del 26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Expresó su rechazo a las reformas a la Ley General de Población, al advertir que busca otorgar al gobierno el control sobre datos personales y biométricos mediante la Plataforma Única de Identidad.
“Consideramos que la creación de la Plataforma Única de Identidad, en la que se incorporan datos biométricos a la CURP, es un dardo envenenado. Quieren utilizar este documento de identificación oficial, que de manera permanente estará interconectado en tiempo real, con el pretexto de que es indispensable detectar y actuar rápidamente ante los casos de desaparición. ¿A quién quieren engañar? En realidad lo que ustedes buscan es apoderarse de manera irresponsable de la información más privada de los mexicanos”, declaró.
¿En qué consiste la iniciativa?
La reforma también ordena a los servicios forenses practicar pruebas genéticas y dactiloscópicas a cadáveres no identificados antes de ser enviados a fosas comunes.
Los resultados deberán registrarse en un plazo máximo de tres días en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, se implementará una ficha de búsqueda estandarizada, en formatos físico y digital, que será notificada al Registro Nacional de Población para activar mecanismos de alerta mediante la CURP.
Como parte del rediseño institucional, el Sistema Nacional de Búsqueda incorporará a nuevas instancias, incluyendo a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y representantes de procuración de justicia estatales.
También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre desaparición forzada o cometida por particulares.
Las fiscalías deberán consultar esta base antes de iniciar nuevas indagatorias, con el fin de evitar duplicaciones.
Las fiscalías especializadas en desapariciones serán fortalecidas con personal capacitado, unidades de búsqueda inmediata y cibernética, análisis de contexto y áreas de atención a víctimas.
La Secretaría de Gobernación será la responsable de integrar los datos biométricos a la CURP, respetando la Ley de Protección de Datos Personales, y de coordinar un programa específico para incorporar a niñas, niños y adolescentes al Registro Nacional de Población.
Con esta reforma, el gobierno federal busca una respuesta más eficaz, articulada y respetuosa de los derechos humanos frente a uno de los problemas más graves del país.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.
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