Desechado por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2022, al no alcanzar mayoría calificada en el pleno, el Plan A de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador perfilaba la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); la reducción de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores, además de suprimir el financiamiento ordinario a partidos políticos y asignarles solo recursos para campañas, entre otros aspectos.
Hoy, con la avasalladora mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, la reforma constitucional que hace tres años parecía intransitable busca una nueva oportunidad.
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La presidenta Claudia Sheinbaum creó una comisión, encabezada por Pablo Gómez, para diseñar la nueva reforma, convocando la participación de expertos, académicos, legisladores, representantes de partidos y ciudadanos.
Aunque hasta el momento no existe borrador ni proyecto, la mandataria delineó la columna vertebral de su propuesta: eliminación de las listas plurinominales de candidatos a diputados y senadores; disminución de recursos para la organización de las elecciones y reducción del financiamiento público para los partidos políticos.
“No debe haber listas de plurinominales ni tantos recursos que se destinen a los partidos políticos y a las elecciones”, anticipó Sheinbaum.
Legisladores por listas
La iniciativa de reformas a 18 artículos de la Constitución Política presentada por López Obrador en abril de 2022 consideraba la elección de 300 diputados y 96 senadores mediante un sistema de listas similares a las plurinominales y propuestas por los partidos políticos en cada entidad federativa, desapareciendo así a los actuales legisladores electos por voto directo o mayoría relativa.
Para determinar el número de curules por cada estado se preveía dividir el total de personas conforme al último censo general de población entre el total de diputaciones, con lo cual, según los cálculos de aquel momento, al Estado de México le habrían correspondido 40 de las 300; a la Ciudad de México, 22; a Jalisco, 20, a Veracruz, 19, y a Puebla, 16.
En contraste, con la menor representación, Baja California Sur, Campeche y Colima tendrían dos diputados federales cada uno; Aguascalientes, Nayarit y Tlaxcala, tres cada uno; Durango, Quintana Roo y Zacatecas, cuatro cada uno, y Morelos, cinco.
Al resto de los estados tocaría entre 6 y 15 curules a cada uno en el Palacio de San Lázaro.
En el caso de los 96 senadores corresponderían tres a cada entidad federativa y, al igual que los diputados federales, su asignación a los partidos políticos se haría conforme a su porcentaje de votación.
La reducción de legisladores apuntaba igualmente a los congresos de los estados, para los que se pretendía imponer un tope de 45 integrantes, en proporción con su población.
“El número de representantes en las legislaturas de los estados no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades cuya población sea menor a un millón y, por cada medio de un millón de habitantes adicional, podrá incrementarse un diputado o diputado hasta un máximo de 45”, detalla el articulado propuesto.
Consejeros por voto popular
El Plan A de López Obrador planteaba sustituir al INE con el INEC como organismo del Estado encargado de la organización de las elecciones e integrado por siete consejeros electos en las urnas, de los cuales sería presidente quien obtuviera la mayor votación popular.
La propuesta de reforma electoral de 2022 no solo establecía la reducción del Consejo General del organismo de once a siete integrantes, sino también la contracción de la estructura electoral, al reducirla a áreas auxiliares y órganos temporales, en lugar de los actuales órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, con el argumento de abatir el costo de la institución.
En ese contexto, se propuso también la supresión de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para centralizar la organización de elecciones federales y estatales en el INEC, generando un ahorro de hasta 13 mil millones de pesos, según los cálculos oficiales.
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La iniciativa incluyó igualmente la elección popular de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la eliminación de los tribunales electorales locales en las entidades federativas, aunque la primera parte se materializó ya con la reforma al Poder Judicial y la primera elección de jueces, magistrados y ministros en junio pasado.
Recorte a partidos políticos
El primer proyecto lopezobradorista de reforma electoral advertía que el Estado mexicano destinaba cada año cerca de 11 mil millones de pesos del erario a las actividades ordinarias de los partidos políticos y proyectaba una reducción de 66 por cientos en esa materia.
Por ello, el entonces titular del Ejecutivo se decantó por eliminar el financiamiento público a las actividades ordinarias de las diversas fuerzas políticas y dejar dichos gastos a cargo de militantes y simpatizantes, a fin de reducir al alto costo que los partidos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones “autosostenibles”.
El financiamiento se mantendría solamente para las campañas durante la contienda electoral, aplicando la fórmula de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores por 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el año que se elijan diputados federales y al 100 por ciento en el año que se elija Presidente de la República, senadores y diputados.
Sin embargo, solo 30 por ciento de la cantidad que resulte de la fórmula se distribuiría entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la anterior elección, lo cual beneficiaría principalmente a Morena, en perjuicio de la oposición.
“Se propone mantener la fórmula actual de distribución del financiamiento público de los partidos políticos; sin embargo, dichos recursos serán entregados únicamente durante tiempos de campaña. Esto representa una disminución de más de 66 por ciento del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta”, señala el texto.
Batea oposición Plan A
Con 225 votos en conjunto, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD lograron impedir la mayoría calificada y frenar el Plan A en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2022 en el Palacio de San Lázaro.
Aun cuando 269 legisladores de Morena, PVEM y PT se manifestaron a favor del dictamen, la posibilidad de alcanzar dos terceras partes de la votación para aprobar la reforma constitucional quedó lejos y el proyecto fue desechado en el acto.
El bloque oficialista de la llamada 4T suma hoy 364 legisladores en la Cámara de Diputados, es decir, 30 más de los necesarios para tener la mayoría calificada, mientras la oposición PAN-PRI-MC apenas reúne 135 votos, sin posibilidad de obstaculizar una reforma a la Carta Magna.
LP
