Al considerar que representa un riesgo para la salud, la Diputación Permanente del Congreso de Nuevo León acordó exhortar al gobierno estatal para que a analice reubicar las plantas de Ternium de los municipios de Monterrey y San Nicolás.
En sesión, Brenda Velázquez, diputada local de Morena, dijo que no solo es una necesidad urgente, sino también una responsabilidad social que debe ser atendida de manera inmediata.
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“La salud y seguridad de la población deben ser una prioridad para todos los actores involucrados, y es imperativo que el Gobierno del Estado de Nuevo León tome las medidas necesarias para asegurar un futuro más limpio y seguro para las familias que viven en estas zonas, así como para quienes transitan día con día por estas zonas”.
“Las plantas de la productora de acero denominada Ternium, ubicadas en los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey, han sido un foco de preocupación durante varios años debido a los riesgos que representan tanto para la salud de las personas residentes como para el medio ambiente”, declaró.
En su intervención, Velázquez dijo que éstas plantas están situadas en zonas densamente pobladas, cerca de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que ha generado un gran número de inquietudes entre la comunidad estudiantil, residentes de las áreas circundantes, y la sociedad en general.
Añadió que se ha documentado que estas instalaciones industriales emiten sustancias contaminantes que afectan la calidad del aire, provocando problemas respiratorios, cardiovasculares y otros trastornos en los habitantes de las colonias cercanas.
“Según diversos reportes, las emisiones contienen elementos tóxicos como plomo, cadmio, dióxido de carbono (CO₂), óxidos ferrosos y partículas PM2.5, lo que pone en peligro la salud de los más de 100 mil estudiantes que asisten a la UANL y los residentes cercanos”, apuntó.
En abril, ante las problemáticas evidenciadas como la descarga de contaminantes sobre el arroyo La Talaverna, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León anunció que sancionarían con todo el peso de la ley a la empresa Ternium.
“Se afectaron 11 kilómetros de la cuenca de agua con residuos tóxicos, así como la muerte de parte de la fauna de dicho ecosistema. En respuesta a este evento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura parcial del área Granja de Tanques donde se presentó el incidente en la citada planta y exigió un estudio e informe detallado sobre las medidas correctivas adoptadas”.
“A pesar de las sanciones previas, la ubicación de estas plantas sigue siendo un peligro constante para las comunidades vecinas, así como para los miles de estudiantes universitarios”, señaló.
Las constantes quejas de la ciudadanía, apuntó la morenista, que incluyen no solo contaminación atmosférica, sino también la posible exposición a sustancias peligrosas, son cada vez más fuertes.
“Desde hace años, los vecinos y la comunidad educativa de la UANL han exigido soluciones más eficaces, y la reubicación de estas plantas es una de las principales demandas de la población”.
“Es evidente que, más allá de la sanción económica, la comunidad necesita una solución definitiva que resguarde su bienestar y principalmente, su derecho a la salud, el cual se encuentra reconocido en el artículo 35 de la Constitución Política para el estado libre y soberano de Nuevo León”, finalizó.
mrg
