De “urgente resolución”, con dispensa de todos los trámites, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones la reforma para fortalecer el combate al lavado de dinero.
Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal previamente aprobadas por el Senado de la República prevén la ampliación de las facultades de supervisión de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera.
No obstante, los grupos parlamentarios de la oposición advirtieron que las reformas otorgan a la Secretaría de Hacienda acceso irrestricto y sin control judicial información sensible como registros públicos, datos fiscales, información patrimonial, datos personales y biométricos, información de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos.
Entre otros aspectos, el proyecto amplía la lista de “actividades vulnerables” para el lavado de dinero e incluye a desarrolladores inmobiliarios, proveedores de servicios con activos virtuales, emisores de tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro, en caso de manejar recursos de riesgo.
Se modifican también el concepto de “persona políticamente expuesta”, incluyendo no solo a funcionarios y ex funcionarios públicos, sino también a cualquier persona relacionada con ellos, bajo criterios definidos por la Secretaría de Hacienda.
Dichas personas podrán ser objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos y hasta congelamiento de cuentas sin controles judiciales efectivos.
Con la reforma se pretende dar cumplimiento a los compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y asegurar la transparencia y legalidad del sistema económico nacional.
“Con esta reforma evitaremos casos como el Pemexgate, donde se desviaron recursos públicos con fines electorales; como es el caso de Odebrecht, donde sus directivos, mediante empresas fantasmas, financiaron la campaña de Peña Nieto. O la Estafa Maestra, que involucró triangulaciones o simulaciones de servicios”, sostuvo el diputado Julio César Moreno, al fijar la posición de Morena.
Morena apoya dictamen
Al fijar la posición de Morena, la diputada Mariana Benítez sostuvo que el proyecto busca garantizar que las actividades económicas se desarrollen con legalidad, transparencia y seguridad para las empresas y la ciudadanía, sin menoscabo de los derechos fundamentales de las personas.
“Haría un llamado a la oposición, a esa oposición mezquina y ruin que, ante este tipo de retos que tenemos en el país, sigue persiguiendo los intereses partidistas. Sus partidos cada vez son más pequeños, pero, aun así, ponen esos intereses pequeños por encima de una misión de Estado que tenemos: prevenir el lavado de dinero y evitar que se siga alimentando al crimen organizado”, arengó.
Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez respaldó las acciones contra el crimen organizado y el lavado de dinero, pero expresó el desacuerdo de su bancada con el uso de los datos personales por parte del gobierno, accediendo de forma indiscriminada y desproporcionada, sin control judicial, en la vida privada de las personas, incluso rompiendo el secreto bancario para acceder a las cuentas bancarias sin control judicial.
Demandó asimismo la creación de una comisión especial para investigar el presunto lavado de dinero orquestado por Alfonso Romo, a través de la casa de bolsa Vector, desde su cargo como jefe de la oficina de la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador:
“Exigimos la investigación inmediata del narco lavado que salió desde la Presidencia de la República; la comparecencia inmediata de los titulares de Hacienda, de la UIF, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y pedimos una comisión especial de investigación para la intromisión del narco en la oficina del presidente López Obrador”
Entre otros aspectos, el proyecto amplía la lista de “actividades vulnerables” para el lavado de dinero e incluye a desarrolladores inmobiliarios, proveedores de servicios con activos virtuales, emisores de tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro, en caso de manejar recursos de riesgo.
Se modifican también el concepto de “persona políticamente expuesta”, incluyendo no solo a funcionarios y ex funcionarios públicos, sino también a cualquier persona relacionada con ellos, como familiares, colaboradores y asesores, bajo criterios definidos por la Secretaría de Hacienda.
Podrán ser investigados también quienes realicen operaciones a partir de 25 mil pesos en criptomonedas; renten una vivienda por 15 mil pesos mensuales, compren una casa o departamento por un millón de pesos o más, o donen desde 50 mil pesos a alguna ONG.
LP
