Aquel día a las 18:00 horas los militares y las fuerzas de seguridad federal llegaron hasta La Vega, una ranchería ubicada en un pequeño municipio de solo nueve mil habitantes llamado Teuchitlán. Brincaron los cercos hechizos de alambre de púas y empezaron a buscar pistas de la denuncia anónima que les habían hecho unas horas antes.
Según un parte de la Guardia Nacional, aquello parecía un pequeño campamento de cultivo. Estaba rodeado de huertos, y lo único que indicaba que ahí había gente era una galera de tabicón gris y techo de lámina.
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¿Qué encontraron en La Vega?
Entonces, los oficiales lo vieron: a unos metros de la construcción improvisada caminaba un hombre que llevaba un chaleco táctico –similar al que utilizan los militares–, del que sobresalía un cargador de cartuchos. También llevaba colocada una piernera en la cual traía dos cargadores más. De pronto, el hombre se puso tenso.
—"¡Nos cayeron, nos cayeron!" —alcanzó a gritar cuando notó la presencia de las fuerzas de seguridad.
El hombre corrió desde los pastizales que rodeaban el lugar hacia el interior de la galera y fue cuando militares y policías se le lanzaron encima. Le gritaban que se detuviera, pero él quería llegar a la puerta del lugar para advertir a los que estaban adentro que ya “les habían caído”.
Era 29 de enero de 2025. Aquella tarde de invierno las fuerzas de seguridad encontraron mil 578 cartuchos y a 38 personas que estaban hacinadas en el galpón, quienes aseguraron que pertenecían a un campamento de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Lo que se sabría después es que al menos 36 de ellos habían sido reclutados con engaños y obligados a trabajar para el cártel. Sólo dos serían identificados como reclutadores. Hasta la fecha se resguarda la identidad de los detenidos.
Los reclutadores de La Vega quieren salir
Notivox tuvo acceso a documentos de dos juicios de amparo de los dos presuntos reclutadores del CJNG, mismos que revelan detalles del día en que el gobierno mexicano descubrió el rancho de adiestramiento de La Vega en Teuchitlán.
Era el segundo de dos de esos siniestros lugares. Unas semanas después colectivos de búsqueda re-encontrarían otro a 7 kilómetros de ahí, un centro de reclutamiento donde fueron localizados hornos crematorios, restos óseos y fosas: el Rancho Izaguirre.
- Rancho Izaguirre: asegurado federalmente el 18 de septiembre de 2024 y oficialmente tomado por la Fiscalía General de la República el 25 de marzo de 2025.
- Rancho La Vega: descubierto el 29 de enero de 2025.
- Rancho Izaguirre: colectivos re-descubrieron el 5 de marzo de 2025 cientos de prendas y restos humanos, que la primera vez, ninguna autoridad localizó.
Los dos amparos fueron interpuestos por los hombres que han sido acusados de reclutar a muchachos, algunos muy jóvenes, encandilándolos con promesas de sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales, para más tarde llevarlos al lugar en Teuchitlán, siempre bajo engaños, en donde los mantuvieron esclavizados.
Hoy, ambos hombres están intentando que se declare ilegal su detención, que se revoque el auto de vinculación a proceso y que se retire la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que actualmente los mantiene en reclusión en el penal de Puente Grande, en Jalisco.
Ambos hombres aseguran haber sido torturados durante el arresto. Han solicitado a la justicia federal que reconozca esa violación de derechos humanos y, en consecuencia, ordene reponer el procedimiento o anular las pruebas obtenidas durante su detención.
Así es el Rancho Izaguirre
¿Cómo se descubrió el rancho?
El 30 de enero de este año se supo, desde el gabinete de seguridad y por medio de un comunicado de prensa, de una veintena de detenciones y operativos por todo el país.
En el apartado de Jalisco decía que en Teuchitlán, elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) habían detenido a 37 personas (después se corrigió el dato).
Se afirmaba que se había asegurado un campamento de adiestramiento, vinculado a un grupo delictivo, donde se encontraron cargadores, cuatro equipos de radio comunicación, equipo táctico y precursores químicos.
El lugar estaba rodeado de pastizales ya secos, y era un rectángulo perfecto dividido en tres áreas, el galpón muy parecido a una bodega, una especie de patio central y exactamente del otro lado un espacio de tierra arenosa rodeado de costales blancos que hacían un muro bajito.
Eran unos 400 metros de campo de entrenamiento. El lugar estaba lleno de garrafones.
En las fotografías de aquel día se ve una hilera de hombres que fueron detenidos, a quienes les taparon las caras con sus propias camisetas, viejas y rotas. La imagen es desgarradora: hombres con la cabeza tapada en fila india, se abrazan por la espalda. En ese momento fueron detenidos y trasladados al penal de Puente Grande.
Sin embargo, rápidamente las investigaciones federales arrojarían una realidad oscura. El 6 de febrero un juez determinó que 36 de los 38 detenidos fueron víctimas de reclutamiento forzado mediante anuncios de empleo falsos.
El 7 de febrero finalmente se pronunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien confirmó la versión de que 36 personas habían sido liberadas tras acreditarse que realmente eran víctimas.
“Fueron privadas de su libertad en este centro de reclutamiento en Teuchitlán, pero ya fueron liberadas, y simple y sencillamente se están levantando sus declaraciones para saber cómo habían sido reclutadas”, dijo el mandatario estatal.
Ese día contó que esas personas habían sido convocadas en la central camionera de Zapopan. Ahí fueron recogidas y llevadas a La Vega, en Teuchitlán, a 75 kilómetros de esa terminal. Dos personas serían detenidas por su presunta participación con el CJNG.
Los hallazgos y los amparos
Las autoridades han protegido el nombre de los dos reclutadores de La Vega, sin embargo, dos amparos radicados en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco revelan detalles del episodio de las detenciones.
Ese día se encontraron cinco cofres verde militar útiles para almacenar cartuchos, los cuales contenían 245 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm; 54 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm, y 30 cartuchos calibre .45”; 420 cartuchos calibre 9 mm; 304 cartuchos calibre .40”, y 5 mil 555 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.
A un costado estaban esparcidos, sobre el piso, 11 cargadores para cartuchos calibre 5.56 x 45 mm; un cargador para cartuchos calibre, 7.62 x 39 mm, desabastecidos; seis chalecos beige, uno verde; dos pistoleras; una piernera; cuatro radios; una toma de corriente, y un vehículo.
También revelan que en una de las paredes del rancho había lo que parecían ser siluetas para practicar tiro al blanco, una de las pistas que revelarían que era un campo de adiestramiento para futuros integrantes del CJNG.
Uno de los detenidos, de quien no se revela su nombre, interpuso un amparo desde el 27 de febrero de 2024, con el que busca revertir todo el caso en su contra.
En un amparo promovido ante un juez federal, pide que se declare ilegal su detención, se anule la vinculación a proceso dictada días después y se retire la prisión preventiva que lo mantiene recluido en la prisión de Puente Grande, en Jalisco.
Su argumento es que fue torturado durante el operativo: “Fue golpeado en la cabeza, en las sienes y testículos, con el cañón del arma que traía el soldado. Posteriormente, le quitaron los tenis y calcetines haciendo que subiera las plantas de los pies y comenzaron a golpear con una soga rígida, además de recibir patadas en los testículos”.
En su testimonio dice que fue amenazado de muerte y que lo torturaron diciéndole que “iban a cortarlo en pedacitos si no hablaba…”.
En el amparo, su defensa asegura que fue ilegal la detención por ser arbitraria y por ende violatoria de sus derechos humanos y sobre todo por el uso injustificado de la fuerza por parte de los aprehensores.
Durante este proceso legal, la defensa presentó ante el juez la existencia de un parte médico que, aseguró, evidenciaría las lesiones que atendieron los servicios médicos municipales del gobierno de Guadalajara, así como dictámenes médicos en materia de integridad física, expedidos por peritos médicos forenses de la Fiscalía General de la República.
“Presentaba diversas lesiones, al ser víctima de manera reiterada y continua de agresiones físicas, verbales y psicológicas, por parte de elementos del Ejército mexicano, actos que a concepto del impetrante de garantías se califican como tortura”, dijo la defensa.
En tanto, en el segundo amparo, presentado también ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco el 5 de marzo de este año, uno de los detenidos aseguró también haber sido víctima de tortura.
Según su versión, presentaba diversas lesiones que ameritaron hospitalización por más de 10 días, así como una intervención quirúrgica por la gravedad de su estado.
¿Qué dijo el juez sobre el caso?
En el caso del primer amparo que presentó uno de los detenidos el 27 de febrero, un juez consideró hasta el 26 de junio que el tema sobre la violación a derechos humanos derivada de la tortura carecía de trascendencia en ese momento procesal, puesto que no existió por parte del denunciante actos de tortura, confesión o algún otro acto de autoincriminación motivados por la violencia que aduce fue ejercida en su contra.
“Por lo que se concluye, no amerita la investigación correspondiente”, dijo el juzgador y consideró lo mismo en el caso del segundo detenido. El mismo juez consideró exactamente la misma determinación a fines de junio del presente año.
Pero los imputados no se han rendido. El 15 de julio, desde el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, su defensa presentó un recurso de revisión para impugnar la sentencia del juicio de amparo que le había sido desfavorable.
En ese escrito pidió que un tribunal revoque la resolución anterior y recordó los agravios que, a su juicio, cometió el juez al validar su detención y mantenerlo vinculado a proceso.
Pasado más de un mes desde entonces, el proceso sigue abierto para saber si procede la queja de los presuntos reclutadores de uno de los ranchos criminales del municipio de Teuchitlán.
RM
