Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien suspendió indefinidamente el Plan B de la reforma electoral, ha tenido en sus manos asuntos relevantes en los que ha fallado a favor de diversas dependencias federales, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El ministro, quien fue candidato a la presidencia del Alto Tribunal, también ha dado reveses a compañías del empresario Carlos Slim, y dio un respiro a TV Azteca en un caso multimillonaria por falta de pago por Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Los fallos del ministro Javier Laynez
En enero de 2021, propuso a la segunda sala de la Corte levantar la suspensión otorgada por otro ministro que congeló la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, no tuvo apoyo.
En mayo del citado año, la Corte avaló un proyecto del ministro que propuso declarar inconstitucional diversos artículos de una ley del estado de Chihuahua, que desde 2020 permitía la venta anticipada de bienes asegurados por diversos delitos, entre ellos, por casos de corrupción, cohecho y peculado.
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En 2022, a propuesta del ministro Laynez Potisek, la Corte invalidó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordenaba a la FGR revelar los nombres y cargos del personal sustantivo y administrativo de cuatro subprocuradurías, entre ellas la encargada de investigar delitos de delincuencia organizada.
El ministro señaló que revelar nombres y cargos abriría la puerta a actos de contrainteligencia y pondría en riesgo la procuración de justicia, además de la seguridad de su personal.
En 2018, salvó a la Secretaría de la Defensa Nación de pagar 9 mil 501 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad de México intentó cobrarle por concepto del Impuesto Sobre Nóminas.
La segunda sala otorgó un amparo a la dependencia castrense, en la que dejó claro que los soldados no son sujetos de dicho impuesto, pero sí los trabajadores administrativos que laboran en la institución.
De igual manera, elaboró un proyecto que fue aprobado por la segunda sala, donde se determinó que los gobiernos estatales no pueden prohibir la venta de envases de tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, ni de unicel desechable, porque esta es una facultad exclusiva de la Federación.
Además, otro proyecto que fue validado permitió que los habitantes de la Ciudad de México puedan solicitar, cuando así lo deseen, la revocación de mandato de los servidores públicos de la capital que hayan sido elegidos por elección popular.
Aunque la figura no está en la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo declararla inconstitucional.
DMZ
