El pasado 23 de mayo la Cámara de Diputados votó por unanimidad el dictamen a la minuta por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, con lo cual avanzamos significativamente al consagrar el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de paridad con hombres.
¿Pero cuáles son los beneficios que conlleva a la población?
Expresar en la legislación que las mujeres pueden y deben competir en condiciones de paridad representa una nueva reconfiguración en el orden social y político.
Pues si bien sabemos que en las bases de cualquier ejercicio ciudadano o político somos las mujeres las que mayor incidencia mantenemos por nuestro contacto directo con vecinos, esto debe tener un efecto multiplicador en todos los espacios de la toma de decisiones, a escala municipal, estatal, distrital, en los juzgados, tribunales y todos los órdenes de gobierno.
El reto es, por una parte, reconformar el orden social al interior de las instituciones y partidos, que pongan fin a acciones discriminatorias y todas aquellas violencias normalizadas en la función pública contra las mujeres por aspirar a lo mismo que los hombres.
La paridad amplía la oportunidad de competir por plazas en las que de manera velada se priorizaba a los hombres. Se incide de manera más contundente en que para ocupar un espacio de gobierno debe contar la preparación que tengamos hombres y mujeres.
No es una nueva ley de cuotas, donde se argumente con pesar que “toca colocar mujer” o que no hay mujeres aspirantes para las ternas y que eso complica los procesos electivos.
“Debe ir una mujer” necesita traducirse en que las mejores mujeres tengan la titularidad de las dependencias, al ser nuestro derecho a la representación, como parte de un proceso que está rindiendo frutos, con especialistas en sus ramos, y con redes de mujeres que apoyen y coadyuven a las congéneres a ocupar los cargos.
Avanzamos un trecho cada vez, esperando que las familias, particularmente los hombres, actúen en consecuencia y se hagan corresponsables de las actividades de crianza y cuidados para infantes, personas enfermas o de la tercera edad, mientras estas mujeres brillantes descansen en que el espacio privado y familiar no se desmorona si no están ellas presentes las 24 horas, y sientan mayor confianza al desempeñar el servicio público.
Con la política paritaria, les damos ejemplo a nuestras niñas que para ser candidatas a un puesto de elección popular, sí se requerirá de un gran esfuerzo y compromiso, pero éste no se eclipsará porque hubo un acto discriminatorio contra ellas. Que hubo todas las condiciones para competir bajo la mayor transparencia y que el pueblo elegirá a quien mayormente responda a las exigencias ciudadanas.
En aras de la progresividad de nuestros derechos políticos, confiamos en que el siguiente paso articulado con el Senado de la República, replicará en un sentido positivo lo propuesto desde esta Cámara de Diputados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Finalmente, pero no por ello menos importante, reconocemos el arduo trabajo de las senadoras proponentes, del trabajo conjunto en ambas Cámaras, de las organizaciones de la sociedad civil, de las pioneras de los derechos políticos, de todas aquellas que, representando a otras, reivindicaban paso a paso justicia social para las mexicanas.
*Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados
Twitter: @wzuloag
