En el transcurso de las siguientes dos semanas veremos en Ciudad de México dos manifestaciones multitudinarias. Este 26 de febrero están convocados los sectores que se oponen a la reforma política que modifica varias disposiciones relativas al funcionamiento del INE. El 8 de marzo veremos a decenas de miles de mujeres que, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, saldrán a exigir su derecho a vivir libres de violencia.
Las expectativas sobre una y otra marcha, en términos de las tensiones, hostilidades y posibles confrontaciones con la fuerza pública, son contrastantes. Aunque los ánimos respecto a la marcha del 26 de febrero se encuentren atizados por el reciente veredicto contra quien fuera el secretario de Seguridad de Felipe Calderón —uno de los principales convocantes—, nadie espera que la protesta vaya a terminar en actos de violencia física, ni de parte de quienes participan en ella, ni de parte de posibles contramanifestantes, ni de los cuerpos de policía. Por más que se hable de un clima polarizado, la verdad es que las disputas políticas en este país se ajustan casi siempre al cauce del debate, a veces enardecido, pero siempre democrático, y sobre todo, pacífico.
En cambio, las manifestaciones del 8 de marzo, y las que convocan a mujeres en general, se asocian más frecuentemente a actos violentos, y vale la pena analizar a qué se debe esto. Muchas de estas conductas se avalan por un discurso que, no sin razón, aduce que la violencia que pueda ejercer un grupo de mujeres manifestantes es mínima y simbólica en comparación con la violencia exacerbada que deriva de la opresión patriarcal. Las cifras de mujeres lesionadas (más de 67 mil solo el año pasado) y asesinadas (2 mil 807 en 2022) son apenas su arista más visible, y a ella subyace una infinidad de actos violentos y abusos que no se registran en ninguna estadística, pero que determinan la vida diaria de cada mujer en este país. El problema es que, si bien se puede justificar el uso de acciones directas como “simbólicas”, las lesiones a mujeres policías, como las ocurridas en la manifestación del 8M en 2021, distan de ser un mero símbolo: son afectaciones a la integridad de servidoras públicas que merecen, como toda persona, dignidad y respeto. Sobra decir que estos actos nunca han contado con la aprobación general de quienes se manifiestan.
En 2021 vimos escenas perturbadoras en las que mujeres con rostro cubierto rociaban con gasolina y prendían fuego a las mujeres policías apostadas frente a Palacio Nacional. De las 81 personas heridas en esa manifestación, 75 eran policías. A raíz de esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México inició una serie de estrategias para desescalar las tensiones y conflictos que se preveían para la manifestación del año siguiente.
En 2022, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC CdMx, Marcela Figueroa, organizó una serie de diálogos entre mujeres policías y activistas, en donde cada parte exponía sus razones para hacer presencia en la marcha más emblemática del movimiento feminista. Las activistas reclamaban a las policías que su sola presencia acentuaba las tensiones e incitaba la respuesta violenta de las manifestantes. Las policías argumentaban que ellas también eran mujeres, y que habían adquirido conciencia de sus derechos y de sus condiciones de opresión precisamente al haber sido desplegadas en esas marchas.
Los diálogos fueron fructíferos y los saldos lamentables del año previo no se repitieron en 2022. Las escenas de fuego y humo fueron reemplazadas por las de mujeres policías recibiendo flores de parte de algunas activistas, o las de otras integrándose al río de la manifestación, al grito de “Policía consciente / se une al contingente”.
El derecho a la protesta pacífica está consagrado tanto en las legislaciones nacionales como en acuerdos internacionales. A raíz de los hechos vergonzosos de Atenco en 2006, la sociedad civil organizada presionó para que Ciudad de México contara con un protocolo de actuación policial ceñido al principio de que la fuerza solo se usa como último recurso, si es absolutamente necesaria, y apegada a una estricta proporcionalidad.
A este protocolo, publicado en 2017, se suma el “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”, promulgado por Claudia Sheinbaum en 2020. En este se establecen los controles de rendición de cuentas de los policías que recurran a la fuerza en manifestaciones, y se autorizan como único instrumento legal de fuerza pública las esposas o candados de mano —y eso solo en casos de resistencia de alta peligrosidad.
La protesta pacífica no es aquella que no causa molestias. Todas las protestas tienen como propósito irrumpir en el orden cotidiano con el fin de llamar la atención sobre alguna demanda o reclamo. La interrupción del tránsito de vehículos o peatones, los empujones, la alteración de actividades cotidianas, o los daños menores en la propiedad pública o privada son eventos esperados en una movilización y contemplados dentro de la definición de “protesta no violenta”. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuenta como protesta violenta solo aquella en la que los participantes “usan fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a bienes”.
La Ciudad de México seguirá siendo el epicentro de manifestaciones emblemáticas. Por más enrarecido o crispado que se quiera ver el clima político, la verdad es que todavía podemos jactarnos de vivir en una sociedad en la que se puede salir a la calle y reclamar lo que consideremos justo. La participación de mujeres, menores de edad, adultos mayores, o de cualquier persona en una manifestación no debería desincentivarse por grupos minúsculos que suscitan los actos violentos y se llevan los reflectores. El derecho a la protesta pacífica no es una concesión de un gobierno, sino el fruto de décadas de lucha. Ejercerlo es garantizarlo.
Violeta Vázquez-Rojas@violetavr
