El año que está terminando comenzó con lo que los medios adversos al Presidente consideraron “un bombazo”: el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador había vivido en lo que se presentó como una lujosísima propiedad en Conroe, Texas, cerca de Houston. La propiedad, valuada en 20 millones de pesos, estaba a nombre de un alto directivo de Baker Hughes, una compañía petrolera con la que el gobierno mexicano tiene contratos. La nota fue difundida por los portales Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción. La intención, sin ser nunca explícita, era sembrar una serie de asociaciones que derivaban en una única conclusión: que el ejemplo de austeridad y probidad que promueve Andrés Manuel López Obrador no era acatado ni siquiera por los de casa, por lo que esta familia de políticos no sería distinta a la de todos los demás.
Las asociaciones sugeridas por la investigación, sin embargo, eran tan endebles que terminaron siendo rápidamente desmentidas: la familia de López Beltrán vivió en esa propiedad pagando renta, por lo que no se podía hablar de que estuvieran recibiendo ningún favor; el dueño del inmueble no tenía a su cargo los contratos de Baker Hughes en Latinoamérica y, por si fuera poco, los contratos del gobierno de México con la empresa databan desde, por lo menos, el sexenio de Peña Nieto. Casi doce meses después, el escándalo conocido como “La casa gris”, apenas si dejó resonando en el aire un atisbo de desconfianza únicamente entre quienes se aferran a creer la historia en su intención original. Para el resto, se trató solamente de un embate mediático malintencionado.
No fue un año ligero en confrontaciones entre el Presidente y los medios, o entre el Presidente y otras instancias. Un día de marzo amanecimos con una carta dirigida a los miembros del Parlamento Europeo que, por el tono, parecía una broma: “Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. La carta estaba firmada por el Gobierno de la República y en cuanto alguien le pidió al Presidente aclarar su origen aceptó sin reservas: “la redactamos Jesús [Ramírez] y yo”. Algunos vaticinaron el inicio de una crisis diplomática. Una vez que se conocieron las intervenciones de los parlamentarios europeos, muchas de ellas francas ostentaciones de desconocimiento de la situación nacional, se entendió mejor el tono de la carta, que, si bien dejó a algunos preocupados “por la forma”, a muchos mexicanos les hizo sentirse defendidos. Ahora que cierra el año, queda claro que la respuesta apenas si fue adecuada a la estridencia de las acusaciones, y no derivó en mayores consecuencias.
Otra confrontación crucial en el año fue la que se dio entre el gobierno federal y el INE, iniciando con el contexto de la Revocación de Mandato. Alegando recortes presupuestales, el INE instaló sólo 35% de las 160 mil casillas que se necesitan en una elección regular. Finalmente, participaron en el ejercicio revocatorio más de 16 millones de personas (diez millones más de los que participaron en la consulta popular de 2021). Algunos quisieron narrar este resultado como una derrota para el Presidente, pues, además de que no se alcanzó el umbral de 40% del padrón para que el resultado fuera vinculante, los 15 millones que en esta ocasión votaron en favor de la permanencia de AMLO fueron apenas la mitad de los 30 millones que en 2018 lo eligieron presidente. La narrativa no se sostuvo, pues nadie pensaría que el parámetro de éxito de una consulta revocatoria es que participe tanta gente como en una elección regular. Y, por si fuera poco, este parangón hacía salir muy mal librados al PRI y al PAN, pues la cantidad de personas que votó por la permanencia de AMLO este año superó los 12 millones 610 mil 120 votantes de Ricardo Anaya y los 9 millones 289 mil 853 de José Antonio Meade en 2018.
La revocación de mandato para AMLO se podrá relatar por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Pero lo cierto es que quien irremediablemente perdió esa elección fue el INE. El efecto no se vio inmediatamente, sino unos meses después, cuando ya estuvo en la discusión pública la reforma constitucional en materia electoral propuesta por López Obrador, no bien concluyó el ejercicio revocatorio. En una encuesta levantada por el propio Instituto Electoral en noviembre, 78% de los encuestados se declaró a favor de que los consejeros electorales se eligieran por voto directo, 74% avaló que se le redujeran los recursos al instituto y 52% se declaró de acuerdo con transformar al INE en el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas. Todas estas propuestas, no sobra decir, estaban contempladas en la iniciativa de reforma enviada por el Presidente al Legislativo.
El corolario de esta disputa fue una manifestación convocada “en defensa del INE”, que se llevó a cabo el 13 de noviembre y en la que participaron, entre decenas de miles de personas, figuras sobresalientes de la oposición, como Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza, Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo. Apenas dos semanas después, más de un millón de personas llenó las mismas calles, pero esta vez en defensa del proyecto gobernante. Para quienes insisten en ver los dos eventos como una medición de fuerzas, la segunda marcha fue indiscutiblemente más contundente que la primera.
Las confrontaciones de López Obrador con los medios de comunicación corporativos, con el INE, e incluso con organismos internacionales, tal vez no siempre derivaron en francas victorias para el Presidente, quien suele recordar que “la calumnia, cuando no mancha, tizna”. Pero hay que reconocer que el daño que procuraron infligirle fue menor comparado con el rédito que sacó en cada ocasión. Quien sepa ver esto seguramente puede prever que el año que comienza no vendrá más terso.
Violeta Vázquez-Rojas.@violetavr
