Afines de octubre de 2020, dos niños de origen mazahua, Alan Yahir y Héctor Efraín, desaparecieron en el Centro Histórico de Ciudad de México. Tenían 12 y 14 años de edad. Unos días después, el video de una cámara de seguridad mostraba a una persona abandonando al borde de una banqueta unos contenedores de plástico que, más tarde se supo, contenían los cuerpos de los niños. La Fiscalía de Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CdMx) anunciaron la detención de los responsables, miembros de un grupo delincuencial que reclutaba menores para involucrarlos en el cobro de extorsiones y narcomenudeo. El caso fue cubierto por los medios y la sociedad se indignó al atestiguar cómo viven —sobreviven— y mueren niños y jóvenes relegados a condiciones sociales precarias, crueles y abusivas. Dos años después, el caso parece haberse olvidado. Sabemos que se investigó y se detuvo a los homicidas, pero eso no fue todo lo que sucedió, y de lo que pasó después se habla poco.
“A partir de ese hecho hay una reflexión importante sobre por qué hay chicos de esas edades inmersos en estas dinámicas de violencia, especialmente en casos como éste, en el que son de origen indígena”, comenta Pablo Vázquez, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC CdMx. “Sabemos cómo deben ser las cosas para que no pase esto —los niños deben estar escolarizados y tener todas las oportunidades, debemos acabar con las desigualdades en el territorio—, pero no siempre sabemos cómo construimos ese resultado, cómo llegamos a él en lo material y con una estrategia que funcione”. Como respuesta a esta última interrogante surgió Barrio Adentro, un programa para evitar que los jóvenes que viven en condiciones vulnerables participen en actividades delictivas y para alejarlos de los focos de violencia. El programa está coordinado por varias instituciones: el DIF, el Instituto de la Juventud, las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, de las Mujeres, de Inclusión y Bienestar Social —entre otras—, todas del Gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.
Una brigada con personal de estas dependencias se adentra en los polígonos donde se ha identificado mayor violencia y rezago social y los recorre, literalmente, casa por casa. Los brigadistas registran en una cédula cuánta gente vive en cada hogar, qué problemas tienen, cuáles requieren atención inmediata (por ejemplo, si se detecta violencia contra mujeres) o cuáles se pueden canalizar a otras dependencias (por ejemplo, falta de agua). Se indaga si en el hogar hay jóvenes, si han sido víctimas de violencia y si tienen una rutina estructurada, alejada de otros factores de riesgo. “No se trata de concebir el éxito solamente en términos de productividad”, dice Vázquez, “sino de garantizar que los jóvenes vivan plenos y felices”. Por eso se trata de identificar si entre los jóvenes de cada hogar hay casos de depresión, abuso de drogas, si se cometen delitos, etc.
Una vez elaborado el diagnóstico de cada casa, se vincula a los jóvenes que así lo quieran al programa Jóvenes Unen al Barrio, del Instituto de la Juventud (Injuve). En él, se les otorgan 3 mil pesos mensuales a cambio de 90 horas de servicio comunitario al mes. Esas horas se pueden dedicar a las actividades realizadas por las brigadas del Injuve CdMx: organizar actividades culturales y deportivas en sus barrios, promover la educación sexual, capacitarse en protección civil, ayudar en la campaña de vacunación, etc. La participación en este programa, explica Vázquez, genera relaciones de pertenencia y permite trabajar con los jóvenes de una manera más sistemática y profunda. Se trabaja también de manera cercana con los Pilares (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes).
El número de delitos en Ciudad de México sigue a la baja. Los delitos de alto impacto se redujeron 46.5 por ciento comparando 2022 con 2019. Y, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de seguridad pasó de 7.7 por ciento a inicios de 2018 a 40.5 por ciento hacia finales de 2022. Estos resultados se atribuyen a una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: 1. Atención a las causas que generan la violencia; 2. Desarrollo policial (“Más y mejor policía”); 3. Inteligencia y capacidad de investigación policial y 4. Coordinación entre dependencias.
Se suele pensar en que la “atención a las causas” consiste en entregar apoyos sociales, y esto es en parte verdad, pero no es toda la historia. También se han diseñado programas específicos para la prevención del delito. Reconecta con la paz está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que cometieron algún delito con pena menor a 5 años y que alcanzan la suspensión del proceso. Los jóvenes se incorporan a este programa durante 6 ó 7 meses, en los que trabajan habilidades psicoemocionales, reparan el daño a la comunidad prestando algún servicio —por ejemplo, en áreas naturales protegidas—, y se capacitan para algún oficio. Alto al Fuego trata de identificar grupos generadores de violencia y desmovilizar a sus miembros activos a través de acciones disuasivas. También previene que otras personas socialmente cercanas a ellos se vean inmersas en las mismas dinámicas violentas. Hay otros programas, que no enlisto por falta de espacio.
De todos los programas del eje de atención a las causas, Barrio Adentro es el más abarcador. Desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2022, sus brigadistas han recorrido 143 colonias de alta marginación distribuidas en las 16 alcaldías de la ciudad. Se han levantado 37 mil 686 cédulas y se ha aceptado a 4 mil 651 jóvenes en el programa Jóvenes Unen al Barrio. El objetivo, como explica Pablo Vázquez, es conocer a fondo las condiciones de marginación y violencia en las que viven miles de jóvenes y cambiar sus trayectorias de vida. Al mismo tiempo, dice Vázquez, se trata de “generar conciencia sobre todo lo que un gobierno puede hacer por las personas si no se vuelve indolente frente a su realidad”.
Violeta Vázquez-Rojas@violetavr
