En una auténtica obra de teatro se ha convertido la historia de la probable destitución de Jaime Rodríguez Calderón.
Comenzó hace meses con esa orden dictada por los tribunales, que determina como responsable al Congreso de Nuevo León de aplicarle una sanción por haber usado recurso humano del gobierno estatal para su campaña presidencial el año pasado.
Dicho de una forma más coloquial, el Congreso debe por órdenes superiores inhabilitar o de plano correr de la gubernatura a Jaime, porque desvió de sus labores a personas de la administración para que le consiguieran firmas y ser candidato a la presidencia.
Al menos así lo manda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene que ser antes del 20 de diciembre. Si no, es desacato de los legisladores.
El problema comenzó cuando Eduardo Medina Mora, en sus últimos minutos como ministro de la SCJN dio entrada a los alegatos del gobernador y su secretario Manuel González, entrampando así las cosas.
Desde ese día, 3 de octubre, estamos parados donde mismo; con un Congreso que puede seguir su proceso de sanción, pero su veredicto no sirve mientras la Suprema Corte no quiera.
Por eso suena a vacilada cualquier acción de la Comisión Anticorrupción dirigida no muy brillantemente, por cierto.
Ayer no fueron capaces de llegar a acuerdos importantes, ni siquiera se sometió a votación el documento sancionador.
Por eso luego la gente no cree en estas cosas, por eso el ciudadano queda siempre con la sensación de que “entre todos se tapan”, de que la justicia no existe en estos niveles.
La inconformidad interpuesta por los señalados versa en que los diputados locales no tienen facultad para sancionar al Ejecutivo; ni siquiera hablan o se enfocan en argumentar inocencia.
En el camino, ambos funcionarios estatales se han mostrado tranquilos, sin grandes desplantes se han dedicado a defenderse. Manuel González ha presumido a media voz sus 4 golpes a favor, al menos provisionalmente.
Pero más allá de los tecnicismos que la gente no comprende, más allá de si son imputables o no, incluso más allá de finales para un lado o para otro, el “juicio sumario” queda en el vox populi, queda en el sabor de boca de la gente que “está segura” de la mala acción de ambos funcionarios; y que de no verlos fuera recibirá un mensaje que hace 4 años no esperaba; que no hubo cambio, que se fueron unos y llegaron otros.
Más allá de las leyes, de la aplicación de las mismas; mientras los poderes juegan a las vencidas, el ciudadano tiene su veredicto, y en términos coloquiales, como en las peleas de gallos, “tan malo el pinto como el colorado”.
Ni hablar.
