El fin de semana, tres mujeres, dos de ellas menores de edad, murieron trágicamente en el lugar al que llegaron días antes buscando recuperar su vida.
Vaya contrariedad, esa de buscar ayuda y perder la vida.
Apenas se dio esta fatalidad, familiares de personas internadas en ese anexo de la colonia Burócratas denunciaron maltrato por parte del personal.
En México, miles de jóvenes y adultos enfrentan un mismo problema: las adicciones al alcohol, las drogas y, en años recientes, también los trastornos de salud mental.
Así entran a los llamados anexos, centros de rehabilitación que, en teoría, buscan ayudar. Pero la realidad es muy distinta. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el país existen casi dos mil centros no gubernamentales dedicados a la atención de personas con consumo problemático.
Sin embargo, solo una parte mínima está regulada. La mayoría funciona de manera irregular, sin supervisión, sin personal capacitado y sin protocolos de seguridad.
Según estadísticas, en esos sitios abundan los jóvenes entre 15 y 29 años. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas ya advierte que cuatro de cada 10 adolescentes había probado alcohol, y que las drogas sintéticas, como el cristal, se convirtieron en una amenaza real en estados como Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. Así parece propiciar el entorno en el que operan estos establecimientos que deberían ser lugares de apoyo, pero, salvo excepciones, se han convertido en escenarios de violencia.
Entre 2024 y lo que va de 2025 se han documentado al menos 100 muertes dentro de estos centros.
En Guanajuato, solo 400 de 3 mil anexos tienen algún tipo de permiso legal. El resto opera en la informalidad total.
En Nuevo León, la situación tampoco es ajena. Aunque existen instituciones reconocidas como los Centros de Integración Juvenil, que funcionan bajo protocolos médicos y con especialistas, también abundan los espacios irregulares.
¿Cómo aseguramos que los anexos cumplan realmente con su propósito? Regular, supervisar y certificar debería ser lo mínimo. No se trata de criminalizar a las familias que buscan ayuda, sino de garantizar que esa ayuda no se convierta en otra tragedia.
Los anexos reflejan una verdad incómoda: México tiene una deuda enorme con la salud mental y las adicciones de los jóvenes. Mientras no exista un sistema público fuerte y accesible, los vacíos los seguirán llenando centros improvisados, donde el riesgo puede ser mayor que la solución.
