Hay en nuestro presente mucho que mejorar en cuanto a los derechos y las obligaciones de los ciudadanos en nuestro país.
En términos prácticos o entendibles, nos rige una Constitución compuesta por leyes, que son mandatos escritos elaborados por los representantes del pueblo (legisladores) y que aplican para todos, sin distinción.
Si bien la Carta Magna vigente tiene su origen en 1917, las reformas, adiciones o modificaciones en general la han ido actualizando en cierta medida.
Así, quienes no somos especialistas ni conocedores, percibimos a lo largo de los días, meses o años que se presentan iniciativas que buscan garantizar los derechos, las libertades y cuidar de todos.
Pero con todo y los intentos aún hay en nuestro presente vacíos legales, leyes que resultan letra muerta, delitos que no se persiguen con dureza y penas que de plano no remedian nada.
Delitos como la difamación quedan impunes todos los días en México, la protección de datos personales está en pañales, la transparencia en el manejo del dinero público incluso muestra un retroceso, y no se diga el abuso del fuero del que gozan muchos funcionarios.
Hace unos días tuve oportunidad de estar en una mesa a la que fui invitado por la actual Legislatura local; el objetivo era comenzar los encuentros con especialistas, autoridades, diputados y ONG, que deben dar como resultado la creación de un órgano que sea garante de la transparencia y la protección de datos.
La sensación personal fue en parte positiva, porque todos los asistentes coincidimos en que ambos son derechos humanos que hay que defender, porque también hay consenso en que la legislación local no solo debe adecuarse a la reforma federal, sino aprovechar el viaje y crear un ente que tenga mayor efectividad.
La parte no tan afortunada de las sensaciones es que se ve lejos que sea efectivo el desempeño de ese órgano naciente, mientras existan maneras en que los entes públicos puedan reservar información y el ciudadano al que se la niegan no tenga herramientas legales para que haya consecuencias.
De la protección de datos personales ni qué decir, porque a diario nuestras identidades e información privada pasa de mano en mano y no precisamente porque así deba ser o porque nosotros lo permitimos.
Lo deseable es que hagamos el intento, pero cuando existan leyes más efectivas, órganos que las defiendan con mayor facultad y ciudadanos que denuncien sin miedo, en este país no serán necesarias tantas comisiones defensoras de los derechos humanos, y ese presupuesto se empleará en otras tareas pendientes.
Que así sea.
