No cabe duda que vivimos un fenómeno sin precedentes en cuanto al ambiente político de Nuevo León.
Ya está muy platicado y es sin duda muy conocido por todos; ya incluso se ha perdido la capacidad de asombro ante este toma y daca entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero de todo lo dicho, escrito y hecho público, lo más serio e inesperado es la indefinición de un Presupuesto para el ejercicio 2023, porque aun y cuando ya hemos vivido tiempos de confrontación, a la hora de tocar el tema del dinero, cada quien enfundaba la espada, porque ya es cosa seria.
Ayer con el voto casi unánime, salvo de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Congreso citó para mañana a reuniones con la Comisión de Presupuesto para que cada parte interesada detalle a los diputados cuáles son sus proyectos importantes, y sobre todo cuánto necesitan para hacerlos realidad en 2023.
A la cita deberán acudir funcionarios del gobierno estatal, si así lo desean, organismos autónomos, y por supuesto los alcaldes que formaron el Pacto Nuevo León: Apodaca, Guadalupe, San Nicolás, Santiago, Escobedo, García, Juárez, Pesquería, entre otros.
Para el día siguiente esperan recibir al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia estado y dependencias estatales.
Después toca el turno a las cámaras empresariales, el Patronato de Bomberos y otros organismos. El viernes terminan con el resto de alcaldes que no firmaron el Pacto Nuevo León, órganos electorales y de derechos humanos.
Así pretenden entre todos armar un proyecto de Presupuesto para no poner en peligro la viabilidad durante el próximo ejercicio, por culpa de la pugna de los Poderes.
En el papel suena muy bien, suena consciente y lleno de civilidad, el problema es que, como siempre, el diablo está en los detalles.
Hasta este momento, así como lo advierte el Ejecutivo estatal, el Presupuesto en lo que respecta a su elaboración propuesta, es solo atribución del gobierno, y en caso de haber otro mecanismo, no sería legítimo.
Parece pues que no habrá manera de sentar las bases de un encuentro productivo para el estado, sino un nuevo campo de batalla frente a los espectadores: los ciudadanos.
Víctor Martínez