Tal vez porque ocurre ante la displicencia de autoridades, tal vez porque ellas mismas forman parte de la cadena delictiva por la arraigada corrupción, o tal vez por otros motivos, pero hay quienes se están quedando con predios que no son suyos en la región citrícola de Nuevo León.
Desde hace unos años, el delito de despojo de terrenos se ha incrementado de manera preocupante, sobre todo en municipios rurales y cercanos a obras que elevan la plusvalía.
¿Quién o quiénes han permitido el avance de este delito? De alguna manera todos han sido corresponsables y, a la vez, nadie asume de manera plena ese deber.
Ahora un argumento que suena a pretexto también aparece en la ecuación: el Instituto Registral y Catastral afirma que la solución sería digitalizar todos los expedientes.
El problema es que dicho sistema estará listo hacia finales del 2024 o principios del 2025. Podemos imaginar cuántos casos más se acumularán en esos casi dos años.
Los diputados locales prometieron –como siempre– mesas de trabajo durante todo el verano, y que empezando el próximo periodo de sesiones, allá por el mes de septiembre, iniciarían los debates en comisión y luego en el pleno, para blindar mediante una reforma de ley las propiedades de todos los habitantes de Nuevo León.
Levanta sospechas tal demora, aunque es evidente que para que algo así se convierta en un fenómeno y ejemplo de impunidad, es necesaria la complicidad de actores que complementan la cadena.
Suena largo y cansado el plan de los legisladores, para un problema que requiere soluciones inmediatas.
Y qué decir de la alcaldesa de Allende, Patricia Salazar, uno de los municipios más afectados con este fenómeno.
Pide que si alguien de su administración o cercano a ella está involucrado en este delito sea presentada la denuncia, pero no ofrece hacer una investigación propia para dar con responsables, si es que los hubiera en su círculo inmediato.
Dicen que prometer no empobrece, y a eso se apegan los políticos y funcionarios: ofrecer soluciones a futuro, tal vez con la esperanza de que el tema se enfríe, los afectados se resignen y la opinión pública pierda interés.
Pero lo verdaderamente grave es permitir que el problema siga creciendo, y los criminales se hagan a la idea de que en este Nuevo León no pasa nada, no hay castigo.
Mientras alguien se dispone a aplicar la ley, la larga lista de despojos podría seguir creciendo para beneficio de unos cuantos y perjuicio de muchos más.
