Tan trillada como cierta, la frase “no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla”, aplica en varios órdenes de la vida.
Nuevo León está a muy poco de enfrentar una de las disyuntivas más delicadas y trascendentes que ha postergado y ahora no puede evadir: la despenalización del aborto.
Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso que parece determinante, al declarar inconstitucional el concepto de “derecho a la vida”, que existe en la Constitución de Nuevo León, después de que una mujer obtuviera un amparo para que, en caso de resultar embarazada, pudiera optar por interrumpir su condición de manera voluntaria sin temor a ser procesada legalmente.
Por éste y otros acontecimientos, parece evidente que ahora el Congreso local está parado en un polvorín, porque podría caer en desacato si no atiende el tema en el periodo de sesiones que comenzó ayer.
Cualquiera sabe que el debate no es nuevo, que lleva décadas de confrontación de ideas sin llegar a un consenso, ante una sociedad que sostiene la defensa del derecho a la vida, pero que tampoco puede ya tapar el sol con un dedo.
Las cifras publicadas ayer por esta casa editorial parecen contrastar con el discurso. Nuevo León ya está ubicado entre los primeros tres lugares con más casos denunciados de aborto. Tiene tan solo en este 2022 un total de 82 carpetas, y se ubica en el segundo lugar, solo superado por la Ciudad de México.
Son cifras que dan la idea clara de que el debate se justifica, la apertura a la confrontación de ideas es el verdadero desafío.
Los grupos pro aborto y los pro vida pronostican una serie de manifestaciones públicas, que seguro tendrán como uno de sus escenarios el edificio del Congreso local.
Apenas el 18 de agosto, el gobernador Samuel García sugirió a los diputados volver a poner el artículo retirado por la Suprema Corte, en la Constitución de Nuevo León, para proteger el derecho a la vida desde la concepción. Días después el Instituto Nacional de las Mujeres recomendó lo contrario: despenalizar el aborto en el estado.
Lo hizo mediante un oficio y bajo el argumento de que es inminente un cambio cultural, institucional y normativo.
Lo deseable es que nadie tema a abrirse al debate y que sentados a la mesa estén representados todos, sin olvidar los jóvenes y aquellos padres que han estado en la disyuntiva.
No es una lucha fuerzas, va más allá de eso.
A ver qué pasa.
Víctor Martínez Lucio
