Quién lo pensaría, mientras la inmensa mayoría se protege del covid-19, hay quienes se ocupan de sacar ventaja y apoderarse de lo que no es suyo.
El despojo de inmuebles, y en particular la invasión de terrenos, es un problema añejo en Nuevo León, pero contrario a lo que parece, esta práctica no es privativa de los niveles socioeconómicos bajos.
El 4 de mayo por la tarde, en el sector Solidaridad, al norponiente de Monterrey, cerca de 2 mil personas protagonizaron un enfrentamiento que por poco se sale de control. Invadieron una propiedad privada con la intención de quedarse de manera definitiva y exigir escrituras para legalizar su abuso. Si le suena algo trillado, está en lo cierto, porque muchos barrios se fundaron así en otros tiempos, décadas atrás, con el arropo de colectivos sindicales, liderados por personas que con el paso de los años hasta se volvieron políticos. Algunos siguen vigentes.
Ayer casi 200 familias, que hace una semana se apoderaron de varias hectáreas en Fomerrey 35 casi en la misma zona, advirtieron que no se moverán de ahí.
Pero la invasión o despojo de predios es un delito que va al alza y casos hay de sobra en lugares como Santiago. En ese municipio donde la alta plusvalía es el común denominador, abundan escrituras antiguas y ambiguas a la vez. Una cosa lleva a la otra, porque los deslindes no son claros y esto es aprovechado por personas que actúan en un evidente contubernio con una parte del gremio notarial, y algunos funcionarios deshonestos del Instituto Registral Catastral.
Sería impensable que la invasión de predios se diera sin esa cadena que en términos prácticos puede leerse como un vacío en el estado de derecho.
Ahora bien, si usted le pregunta del tema al presidente del colegio de notarios, éste le argumentará que el notario se ve sorprendido por los delincuentes; que la premisa es que el notario es un profesional y experto de buena fe.
Si le pregunta a los diputados locales, le responderán que las autoridades no deben ser omisas ante la cantidad de denuncias y que lo primero es obligar a las autoridades a investigar al interior del catastro.
La fiscalía reconoce que hay un aumento en la cantidad de carpetas de investigación, que muchas de ellas están en proceso y por ello no puede pronunciarse abiertamente sobre el tema.
Lo que es evidente es que el problema supera lo que pudiéramos pensar; y que en la mayoría de los casos ambas partes en conflicto acusan complicidad de autoridades, como pasa en Santiago, donde señalan a la administración municipal como parte de la cadena de irregularidades.
El alcalde, por su parte, reconoce que en zonas como el Barrial este fenómeno existe y no ha sido posible resolverlo.
Así, con el ir y venir de culpas, con procesos legales tan añejos que parecen interminables, hay quienes aprovechan el río revuelto para sacar provecho en perjuicio de patrimonios forjados con los años.
