Las políticas públicas de protección civil aplicadas en todo el país a partir de 1986 han sido de gran ayuda para auxiliar a la población durante los desastres y en otras situaciones, lo que ha llevado a tener el reconocimiento a nivel mundial por parte de otros países.
Como suele suceder en la administración pública en México, la institución a nivel federal, estatal y municipal comenzó a padecer los embates de la corrupción; el registro de irregularidades y denuncias existe.
En Tamaulipas, la muerte de 12 personas a consecuencia del derrumbe del techo en la iglesia de la Santa Cruz, de Ciudad Madero, evidenció una vez más la forma tan peculiar en que operan las autoridades municipales y estatales, incluidas las de Protección Civil.
El día del siniestro, los diferentes equipos y grupos de ayuda comenzaron a trabajar en el lugar del accidente, para nadie pasó desapercibida la presencia y actuación de Roberto Chávez, persona ligada a la Cruz Roja y al área de Protección Civil.
Enfundado en uniforme oficial, actuaba y proporcionaba información a los medios de comunicación que cubrieron los hechos; horas después trascendió que llegaría PC regional con el apoyo del diputado federal, Erasmo González.
Chávez Ortega fue cesado en 2016 después de la explosión de un taller de la colonia Hipódromo, ubicado también en Ciudad Madero, en donde se almacenaba gasolina y diésel, situación que ninguna autoridad revisó, a pesar de ubicarse a lado de una estancia infantil.
Mientras las labores de rescate continuaban, otra duda surgió: ¿en dónde estaba el coordinador Regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, Romel Martínez Flores?
Extraoficialmente fue visto a bordo de un vehículo cerca de la parroquia. El responsable de revisar edificios públicos, como la iglesia, había renunciado a su cargo días atrás.
Ahora el ex funcionario estatal morenista encontró cabida en el Ayuntamiento del mismo partido, que preside Armando Martínez Manríquez, como director de Bienestar Social.
En medio de indicaciones encontradas, unas autoridades ordenaron la demolición de los restos aún en pie al día siguiente de la tragedia.
Posteriormente la Fiscalía del estado ordenó parar esos trabajos, la investigación se hace más a fondo, en busca de las causas y de los presuntos responsables.
En medio de todo la confusión queda clara la necesidad de esclarecer el papel desempeñado por todo el personal de Protección Civil a nivel municipal y estatal. La corrupción y la omisión parecen ir de la mano.
