Desde hace un par de meses el covid-19, con sus tintes políticos, empezó a quedar de lado por parte de los diferentes actores en Tamaulipas. La agenda tuvo un giro drástico cuando funcionarios de todos los niveles aprovecharon la emergencia para convertirse en modernos Robin Hood y rescatar a la ciudadanía.
El contexto fue la cercanía del proceso electoral del 2021. Los cargos públicos en juego para diputaciones federales, alcaldías y Congreso estatal generaron entrega de despensas, apoyos especiales y cualquier hecho que sirviera de escaparate en plataformas digitales.
Los dimes y diretes estuvieron a la orden del día, tanto la parte morenista, gobierno federal y el panismo, de la autoridad estatal. Ni los altos puestos implicados, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quedaron exentos de señalamientos y acusaciones que iban y regresaban.
Algo muy similar lo volvemos a presenciar, ahora a través de otro tema que es el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021. La designación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el gasto del siguiente año y la asignación a entidades no dejó contenta a todos. Era de esperarse.
En la “altiva y heroica”, el reclamo es un faltante de 4 mil millones de pesos, según dice el propio mandatario estatal. De forma reiterativa pero poco original, lo replican secretarios y legisladores locales, todos azules. Ya se mencionó en este espacio, a sus compañeros en San Lázaro se les hizo más fácil retirarse de la discusión en lugar de gestionar.
En contraparte, la bancada del partido oficial nacional les contestó: el documento es un proyecto que debe discutirse, gestionarse y llegar a un acuerdo en común para su votación a mediados de noviembre. Nada está definido, pero el conflicto en lugar de concertar, predomina.
Muy lejos quedaron esos tiempos cuando las diferencias se hacían a un lado y se lograba una buena negociación. Al final, perjudicados son el sector productivo y la sociedad civil tamaulipeca, donde la recaudación hacendaria estatal es de las peores en toda la República Mexicana. No es justicia presupuestaria, solo es política.
