El próximo lunes 24 de julio se presentarán los argumentos orales en la audiencia de apelación en contra de la decisión del juez Dennis Saylor, titular de la Corte Federal para el Distrito de Massachusetts. En septiembre pasado, dicha Corte desechó la demanda presentada por el Gobierno de México en contra de las empresas que comercian armas en Estados Unidos, cuya negligencia deriva en el tráfico ilícito de sus productos a México, por considerar que la ley estadounidense les otorga inmunidad ante acciones judiciales.
De manera similar a lo que sucede en otros sistemas legales, en Estados Unidos las decisiones de primera instancia pueden recurrirse en apelación para cuestionar si esas decisiones se apegaron o no a los criterios de derecho.
El Gobierno de México mantendrá la línea argumentativa planteada en su escrito de apelación presentado en marzo del presente año, por lo que se sostendrá ante el panel que:
El tribunal de primera instancia erró al dar una lectura amplia y absoluta de la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) y al otorgar inmunidad a las empresas de armas.
La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada extraterritorialmente. En otras palabras, el contenido de la ley únicamente otorga inmunidad a las empresas de armas por daños ocurridos en territorio estadounidense, y no cuando estos suceden en México. En consecuencia, la Corte de primera instancia debió interpretar la PLCAA de manera restrictiva.
Aun si la Corte de Apelaciones insistiera en que la PLCAA es aplicable al presente caso, entonces las conductas negligentes de las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley, por lo que el caso de México debe seguir su curso.
La Corte de Apelaciones estará conformada por un panel de tres jueces federales. En el mejor escenario, el panel decidirá que la inmunidad no es aplicable en este caso y permitirá que el litigio continúe su desarrollo. Ello hará posible demostrar la negligencia cometida y el daño ocasionado por la violencia armada en territorio nacional.
Así, la estrategia jurídica del Gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas, por conducto de la Cancillería, sigue avanzando. Al mismo tiempo que se celebra la audiencia de apelación, la atención de México la comparten la audiencia de primera instancia de la demanda presentada en Tucson, Arizona —en contra de las tiendas de armas—, así como la solicitud de opinión consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estos esfuerzos estratégicos resultarán en cambios trascendentales en las prácticas comerciales de la industria de las armas; hasta el momento, en un triunfo no menor, han logrado resaltar la importancia de detener el flujo de armas que empodera a los criminales en nuestro país. Ejemplo de ello es el apoyo que México ha recibido a nivel internacional, principalmente el respaldo de la Comunidad del Caribe a las demandas presentadas por México, así como la colaboración de Estados miembros de la Unión Europea para frenar el tráfico ilícito de armas hacia América Latina.
Las acciones jurídicas continuarán, así como los esfuerzos diplomáticos y operativos. Pero sin duda lo más importante es que la sociedad mexicana y la de otros países, incluida la estadounidense, exijan “no más tráfico de armas”.
Por Alejandro Celorio Alcántara*
*Consultor jurídico en la SRE
