Uno de los principales logros del Gobierno de la Cuarta Transformación es, sin lugar a dudas, la significativa reducción de la pobreza en México ocurrida entre el 2018 y el 2024, donde salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos. Esta reducción es resultado de un aumento sostenido de los salarios y de la aplicación de una política social en la que los programas de bienestar transfieren recursos a la población más pobre. Uno de los grupos de población más beneficiados es el de adultos mayores (65 años y más). De este grupo se sabe que un porcentaje significativo vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Las causas son básicamente los bajos ingresos salariales percibidos durante su vida laboral, falta de acceso a seguridad social y la carencia de una pensión o una pensión insuficiente.
En 1997, el sistema de pensiones en México pasó de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. El sistema actual está compuesto por una mezcla de esquemas público-privados de cuentas individuales a los que se accede a través de un empleo formal, aunque en la práctica se puede adquirir una pensión contratando un Plan Privado de Retiro, sin embargo, sus beneficios están directamente ligados a la capacidad económica del contratante. Ahora bien, la informalidad en México afecta a casi el 60 por ciento de la fuerza laboral, lo que junto con los aún bajos salarios limita la capacidad de los trabajadores para ahorrar para su retiro. Adicionalmente, los trabajadores del sector informal no tienen acceso a una pensión, situación que los coloca en una mayor vulnerabilidad económica durante la vejez. Así, programas no contributivos como la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores brindan un apoyo económico que suele ser crítico, en especial entre quienes no cuentan con pensión alguna.
Si bien la Pensión del Bienestar ha reducido la pobreza, su monto es bajo y no garantiza una salida a la pobreza en el largo plazo. El reto hacia el futuro se encuentra en incrementar la cobertura del sistema formal de pensiones contributivas, lo que necesariamente pasa por reducir el tamaño de la economía informal e incrementar de manera sostenida la contratación de trabajadores en el sector formal. Otro reto importante es incrementar el monto de las pensiones otorgadas. De modo que, aunque el papel de las pensiones no contributivas puede continuar representando una base importante del ingreso para los adultos mayores, lo ideal sería que representara solo una pequeña proporción del ingreso otorgado por las pensiones contributivas, es decir, que una proporción cada vez más pequeña de adultos mayores sin acceso a una pensión digna requiera de la pensión del Bienestar para sobrevivir. Para lograr lo anterior es fundamental plantear el retorno a un sistema de pensiones basado en un esquema de reparto solidario.
Un esquema de pensiones solidario prioriza la solidaridad intergeneracional, crea un pacto social entre generaciones, reduce la pobreza en la vejez y protege a los más vulnerables. Este esquema prioriza la seguridad de ingresos y la cohesión social sobre la rentabilidad financiera individual. Actúa como una red de seguridad colectiva que protege a los ciudadanos en la vejez. Sin embargo, su éxito y sostenibilidad dependen críticamente de una estructura económica, social y demográfica que gestione eficiente, responsable y honestamente los recursos disponibles.
Gerardo Núñez Medina
Coordinador de la Maestría en Estudios de Población-El Colegio de la Frontera Norte
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