Como cada tres años, en Nuevo León nos encontramos en campañas electorales. En el actual proceso hay una novedad referente a la implementación de medidas afirmativas tendientes a garantizar la inclusión de grupos que, al no ser visibilizados, solían quedar excluidos. Se trata de medidas que promueven la participación de jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y personas de la comunidad Lgbtttiq+ en las candidaturas.
En los comicios de 2015, la novedad fue la paridad de género establecida en la Constitución y la ley electoral locales, donde se cuidó que la asignación de candidaturas en distritos y municipios perdedores y ganadores fuera equitativa entre mujeres y hombres, y en los casos de candidaturas por fórmula, que tanto propietario como suplente fueran del mismo género. Esta paridad no quedó en el juego electoral, sino que llevó a la conformación paritaria del Congreso y los ayuntamientos, de manera que las mujeres tuvieran acceso real e igualitario al ejercicio del poder público.
En 2021, a la paridad de género se agregaron acciones afirmativas para otros grupos sociales que suelen quedar excluidos o invisibilizados: indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y personas Lgbtttiq+. En estos casos, se trata de medidas administrativas impulsadas por el órgano electoral local, ya que no ha habido reformas legales en ese sentido. Estas acciones no buscan la paridad, sino la aplicación de cuotas mínimas de participación para esos grupos y solo garantizan la inclusión en el juego electoral, y no necesariamente que se incorporen en la conformación de los poderes. Solo para los indígenas resultará real su inclusión mínima en algunos ayuntamientos.
¿Qué falta? Que el Congreso de Nuevo León esté a la altura de lo que demandan los tiempos y haga las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar la inclusión de la diversidad de grupos sociales tanto en los comicios como en la conformación de los órganos de gobierno.
María Teresa Villarreal Martínez
Iinso-UANL
