La comunidad científica del país está muy preocupada, con razón, por la posible aprobación de la propuesta de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que presentó el Ejecutivo federal al Congreso. La propuesta elaborada desde el Conacyt contiene elementos que pueden afectar gravemente el desarrollo de la ciencia y tecnología en México. Por supuesto, la iniciativa de ley tiene claroscuros, pero los aspectos negativos son tan grandes que opacan los beneficios que podría traer dicha ley y podrían ser la estocada final a un sector de ciencia y tecnología muy lastimado por los recortes presupuestales y la destrucción de sus órganos colegiados de decisión.
Uno de los aspectos que más preocupan a los científicos del país es la intención de considerarlos como trabajadores de confianza. La pretensión de considerar a los académicos y científicos que trabajan en los centros públicos de investigación o a los Investigadores por México como personal de confianza es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Aunado a lo anterior, lastima los derechos laborales que como trabajadores tienen y afecta sus condiciones laborales. No existe otra razón para explicar dicha pretensión que la búsqueda de un mayor control sobre la comunidad académica.
La iniciativa de ley tampoco considera a los Investigadores por México. A través de dicho programa, más de mil 300 científicos jóvenes hacen ciencia del más alto nivel. El programa ha permitido la renovación de una plantilla académica muy envejecida, la incorporación de nuevas metodologías de investigación, llevar la ciencia a todos los rincones del país y reducir la brecha de género en la comunidad científica. Nada de eso está considerado en la propuesta presentada al Congreso.
Otro aspecto que preocupa profundamente es la eliminación de la obligación de destinar 1% del PIB a ciencia y tecnología. Aunque nunca se ha cumplido, era una referencia que protegía los pocos recursos que se destinan al sector. Hoy, los recortes presupuestales tienen a las instituciones públicas destinadas a la ciencia bajo condiciones muy precarias. La eliminación de la obligación de destinar ese 1% del PIB a ciencia y tecnología nos alejará aún más del resto de los países de la OCDE en la materia.
La propuesta de ley también contempla un mayor control de los Centros Públicos de Investigación por parte del Ejecutivo federal. Éstos pasarían de ser instituciones académicas donde predomina la libertad de cátedra y de investigación y se privilegia la autonomía a convertirse en un tipo de consultoras al servicio de las dependencias federales. Por supuesto, es importante hacer ciencia útil para el país, pero no es la única ciencia que debe hacerse y nunca es buena idea que la autoridad controle la agenda de investigación de un país.
La propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación probablemente pasará. Morena tiene la mayoría para aprobarla. Ojalá el parlamento abierto convocado sea un verdadero diálogo que permita hacer mejoras a la iniciativa y no una mera simulación. De lo contrario, el panorama para la ciencia y tecnología en México se ve muy oscuro.
Doctor José Andrés Sumano Rodríguez
El Colegio de la Frontera Norte-Matamoros
*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
