En días pasados fue publicado el ranking del Índice de Competitividad Internacional 2021, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). México cae dos lugares y se encuentra en la posición 37, de 45 países evaluados, a la par de países como Guatemala, India, Nigeria y Sudáfrica. El índice de competitividad califica áreas como: sistema político, gobierno, relaciones internacionales, economía, innovación y derecho, entre otras. En esta columna se ha insistido que un estado de derecho e instituciones de impartición de justicia eficaces, son un motor para el desarrollo económico al dar certeza jurídica a inversiones multimillonarias, y a conflictos comunes de los ciudadanos en materia familiar, laboral, mercantil o de arrendamiento. La publicación del índice viene a confirmar que no se están haciendo bien las cosas en México, actualmente México se ubica en el peor nivel de su historia en dicho índice y ha caído posiciones en los últimos tres años. Sin duda el país tiene que mejorar en diversas áreas, por lo que hace a la materia de derecho existen grandes retos que la pandemia ha venido a agudizar. A nivel estatal existen casos documentados en que una demanda tarda más de 8 meses en admitirse y notificarse a la contraparte, ya no digamos cuánto toma obtener una sentencia.
Sin duda este tipo de situaciones desincentivan la inversión en México, no solo de grandes corporaciones internacionales, también de miles de pequeñas transacciones como rentar un local comercial, invertir en un negocio pequeño o simplemente emprender.
El Poder Judicial Federal ha realizado grandes esfuerzos para digitalizar las controversias de su competencia, actualmente se pueden presentar demandas, solventar recursos y promociones totalmente en línea. No obstante, esto sólo es una parte de la solución.
Los Poderes Judiciales quedan mucho a deber, la mayoría no ha digitalizado ningún procedimiento, peor aún en la pandemia han cerrado los Juzgados y actualmente muchos trabajan parcialmente. Si queremos tener un país competitivo que obtenga inversión extranjera y que permita a sus nacionales realizar negocios y arriesgar su patrimonio con cierta certeza, es primordial fortalecer los poderes judiciales locales y exigirles que realicen, entre otras modificaciones, los cambios tecnológicos necesarios para acceder a una resolución de conflictos expedita. Una pronta, eficaz e imparcial resolución de controversias, es uno de los motores del crecimiento que nos hace falta, que el índice de competitividad publicado recientemente nos lo vuelve a recordar con estadística e información veraz.
Franco Alberto del Valle Prado
@frankdvp
