Nunca ha sido mi intención inmiscuirme en temas políticos, electorales, partidistas o incluso de la vida pública de otros estados; pero hoy, en este espacio público que se me brinda, no puedo ser omisa como mujer, servidora pública y como alguien que ha vivido de manera directa e indirecta, hechos que derivan de mi condición de género, incluido el acoso sexual.
¿Qué pasaría si alguien señalado de acoso sexual logra ascender a una posición de poder a través de un partido político y del voto popular? El agravio no es solo para las víctimas en caso de que se acredite el delito, sino para todas y cada una de las mujeres de este país.
Difícilmente un acoso o abuso sexual se denuncia; me atrevería a decir que el 99.9% de ellos se queda en el silencio, incluido el propio. Para el 0.1% de los casos denunciados, hay distintos destinos: “el ministerio público no pudo acreditar los hechos constitutivos del delito”, la carpeta se archiva y no hay ejercicio de la acción penal, aun cuando el hecho si ocurrió.
Y esto no ocurre solo en el caso de encumbrados políticos, sino también de funcionarios de medio pelo y de cualquiera que a través de un abogado “con conectes”, pueda poner el billete en el bolsillo de algún corrupto o corrupta.
¿Qué les queda a las víctimas ante escenario en el que deciden no denunciar o ésta no procede? En muchas ocasiones, el agresor sexual es alguien visible para su comunidad, por lo que el señalamiento y el escarnio público terminan siendo sus mayores sanciones. Un ejemplo de ello son los casos derivados por el movimiento “M2” que inició con la denuncia a un famoso productor y que prácticamente se fue como hilo de media, para abrir una caja de pandora que nos permite darnos cuenta de qué tan frecuentes son las agresiones contra las mujeres, tan solo en el ámbito sexual. Esta condena pública provocó renuncias, contratos cancelados y proyectos del que fueron expulsados los agresores señalados.
En términos llanos, la voz de las mujeres provocó que el agresor, aún sin sanción penal, se volviera “el apestado” ante una sociedad que castigó moralmente su conducta. Y ello aplica también, lamentablemente para algunos casos de hombres (contados) que, sin causa o motivo, también fueron señalados como parte de una estrategia con tal de sacarlos del juego político o de poder.
Pero ¿qué pasaría si esa sanción social dejara de existir y la persona señalada (en medio de un proceso del que aún no sale inocente), pudiera llegar a ser candidato a gobernador, por ejemplo? ¿Qué pasa si una sociedad, aún sin un documento legal que acredite su inocencia, decide llevar mediante el voto a un personaje de este tipo a la gubernatura del estado? ¿Quién pierde?
¿Dónde queda el mecanismo de control social para el jefe, el compañero, el maestro, el doctor y para cualquier otro personaje que comete acoso y abusos sexuales? ¿Cuál sería la motivación para detenerse? En este escenario, prácticamente ninguna, porque si alguien con una, dos, tres, cuatro, acusaciones puede llevar al nivel demando máximo en su estado, ¿para qué o por qué autorregularse? ¿Para qué aguantarse “las ganas”, si se es socialmente aceptado? ¿Para qué respetar el NO de una mujer?
