Del total de los delitos del fuero común y federal, el 4.7% se relacionan con drogas; el 92.7% fueron en la modalidad de narcomenudeo y el 7.3% por delitos contra la salud.
El 50% de los casos se relaciona con cannabis, 34% de metanfetaminas y 14% con cocaína.
Del año 2017 al 2019 el aseguramiento de narcóticos tuvo una tendencia a la baja, especialmente en el caso de cannabis y amapola, que coincide con el 50% de las puestas a disposición en posesión de marihuana.
Quedan en el recuerdo las imágenes del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal ingresando a la sierra de Guerrero, Michoacán, Sonora o Sinaloa para erradicar plantíos. Los años de 2018 y 2019 registran el nivel más bajo de aseguramientos de marihuana y amapola desde que se tiene registro en México, en contraste con la tendencia internacional de aseguramientos históricos.
De acuerdo a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, para el 2021, México se ha convertido en uno de los tres mayores productores de opio en el mundo, junto con Afganistán y Myanmar. Los cultivos de la flor de la amapola se concentran principalmente en Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como en el norte de Nayarit, Guerrero y Oaxaca.
¿Y a dónde ha ido a dar esa droga? Los números lo indican claramente: el narcomenudeo pasó de una tasa de 58.4 a 103 delitos por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, mientras que la participación de adolescentes pasó de 28.5 en el año de 2017 a una tasa de 33.2 en 2019.
Los estados con mayor registro de narcomenudeo son Chihuahua, Baja California, Coahuila y Guanajuato. Curiosamente, estados que, a excepción de Chihuahua, no se consideran productores: se asegura más en donde menos se produce, no porque haya más que en otras regiones, sino porque hay una mayor proactividad de la autoridad para combatir el delito (carpetas iniciadas por puestas a disposición).
El informe de la ONU también establece que hay una expansión en el mercado de las metanfetaminas, en donde la producción se desplaza a las regiones del país con mayor presencia de crimen organizado, que como es de esperarse, incluye en su cuadro básico de alimentación, el consumo de drogas.
De las casi 200 mil personas recluidas en centros penitenciarios federales y estatales, el 7.6% de las privaciones legales de la libertad derivaron de un delito relacionado con drogas. Casi la mitad de las recluidas están relacionadas con una actividad de alto riesgo pero de bajo rango, como lo es el transporte de droga; el 51.5% de las relacionadas con narcomenudeo no tenían sentencia (contra el 38% de los hombres), mientras que por delitos federales relacionados con narcóticos, el 33% se encontraba sin sentencia (el 25% para el caso de los hombres).
Es decir, ellas se encuentran en una mayor incertidumbre jurídica que en el caso de sus pares masculinos.
No hay ciencia: baja de erradicación y más producción, suben los delitos, la población carcelaria y la participación de adolescentes en los delitos.
A excepción de aquellos en donde se cita a la ONU, los datos estadísticos para este texto, provienen del INEGI (no te acabes por favor), con base a los censos nacionales y estales de gobierno y procuración de justicia, con el objetivo de brindar un panorama del fenómeno de las drogas. Ojalá así siga siendo.
Sophia Huett
