En todo momento de la administración pública, cuando se hace referencia a la materia de seguridad, en la discusión se presenta la posibilidad de contar con una policía nacional o al menos, con un mando único estatal.
Los argumentos son inobjetables: presencia institucional en todo el territorio con un estado de fuerza óptimo, homologar esquemas de trabajo, planes operativos e indicadores, así como preparación, sueldos y prestaciones… y por supuesto, combatir actos y ocasiones de corrupción.
Al ver corporaciones policiales desarmadas por su colusión con el crimen, la participación de sus integrantes en delitos de alto impacto, así como comunidades abandonadas a su suerte ante el crimen, me sumo a quienes en su momento pensaron que sería el modelo óptimo para atajar debilidades institucionales, restablecer condiciones de Estado de derecho y combate a la corrupción.
Con sus 130 años de historia, no había manera de cuestionar un esquema distinto a la Policía Nacional de Colombia, por citar un ejemplo.
Y creo que ese modelo nacional sería una buena opción para México, pero no ahora.
No solo porque su implementación sería extraordinariamente difícil (recordemos cuando el Presidente Calderón hizo la propuesta, cómo brincaron inconformidades tanto extrañas como propias), sino porque además, las decisiones de seguridad hoy más que nunca requieren ser consideradas en la ecuación de la democracia.
Si a nivel nacional la seguridad se centraliza, por ejemplo, en la Guardia Nacional y desaparecieran las instancias municipales y estatales, ¿a quién podría acudir la ciudadanía para demandar resultados, presentar sus inconformidades y preocupaciones? ¿Ante un General?
En el escenario de no estar de acuerdo con las acciones emprendidas en la materia ¿cómo podría la ciudadanía lograr un cambio en el rumbo de las acciones institucionales en seguridad? ¿Tendría que esperar seis años para manifestarlo en las urnas?
El nivel más próximo de democracia está en el ámbito local, pues las decisiones del gobierno más cercano a la ciudadanía, son las que impactan en su calidad de vida, como son aquellas relativas a la seguridad ciudadana.
Hoy más que nunca, ambos aspectos deben estar ligados, especialmente cuando se valoran aún más las decisiones institucionales de combatir al crimen en defensa de la ciudadanía y no esperar un cambio milagroso en la conciencia de las y los criminales.
Sophia Huett
