Ahí están, volteando a ver al público en vez del espectáculo… son hombres y mujeres policías presentes en conciertos multitudinarios y eventos deportivos de todos tamaños e índoles.
Quisiera pensar que a la mayoría les pagan “extra” estos servicios que representan un nivel de riesgo mayor y que va más allá de una jornada laboral ordinaria, pero que en especial, representan importantes ganancias económicas para algunos.
Lo mismo tienen que lidiar con un borracho a quien le siguieron vendiendo cerveza en el segundo tiempo del partido que con aquellos que comienzan a agredirse a “cinturonazos” en medio de una apretada multitud que supera la asistencia autorizada.
En el mejor de los casos, por reglamento el evento fue regulado por una instancia verificadora como Protección Civil, Fiscalización o Seguridad Pública para determinar las condiciones ideales de vigilancia y atención al evento.
Pero aun así, hay quienes encuentran cómo hacer negocio a costa de la seguridad del evento…
El titular de protección civil municipal con una empresa de seguridad patito a la que condiciona que se contrate para dar la autorización, un titular de fiscalización que acepta pagos “extraoficiales” para permitir el evento, un político que promueve contratos para la reciente empresa de seguridad de su socio que recluta personal por evento sin la más mínima capacitación… no es dar ideas, sino mostrar cuales son algunos de los tantos esquemas de corrupción que se implementan en estos temas.
Lo que ocurrió en el estado Corregidora de Querétaro en días pasados resultó indignante, pero no es sino el reflejo de lo que ya ocurre en cualquier partido de fútbol llanero o concierto de banda en una feria.
¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Para quién va la sanción?
Si algo sale mal, es el personal de seguridad pública quien primero paga los platos y los huesos rotos, aún cuando en medio del tumulto son los primeros que arriesgan su integridad en una vocación estilo kamikaze.
¿Y entonces?
Los eventos privados deben de contratar seguridad privada suficiente y capacitada para cubrir su evento, con una supervisión de la autoridad municipal, que debe de establecer los parámetros en términos de seguridad pública y de protección civil en los que deben celebrarse los eventos… así como supervisar que se cumplan, bajo advertencia de cancelación.
Los funcionarios públicos deben de deslindarse de conflictos de intereses con negocios privados a costa de su cargo y posición, así como ser inhabilitados cuando así se detecte.
Ojalá algo hayamos aprendido de lo que ocurrió en Querétaro, porque en los términos actuales, puede ocurrir algo similar o aún más fatal en cualquier lugar… especialmente en una sociedad que cada vez es más violenta y con más armas disponibles.
Sophia Huett
