En América Latina, una de cada tres empresas identifica al crimen y el desorden como un obstáculo para hacer negocios y seis de cada diez pagan servicios de seguridad privados, de acuerdo a datos del Banco Mundial.
Al respecto, valdría la pena analizar dos aspectos: la participación de las propias empresas en la construcción de entornos seguros, así como los retos para las entidades en la atracción de nuevas inversiones en el contexto actual de seguridad y violencia.
Mucho se habla de la participación ciudadana para lograr entornos seguros, pero pocas veces se pone sobre la mesa lo que las propias empresas pueden aportar en la construcción de entornos seguros. ¿Cuál es el nivel de discusión más común en este tema? Más candados y alarmas en instalaciones, equipos de geolocalización en las cargas, pago de seguros y por supuesto la contratación de empresas de seguridad privadas, entre otros.
Considerando su capacidad de innovar y generar soluciones, el papel del sector privado debe ser clave en el trabajo conjunto con las autoridades.
En algunas regiones del mundo, las empresas contribuyen a fortalecer las economías locales para hacer comunidades más resistentes, con oportunidades de empleo y desarrollo en entornos proclives al crimen. No se trata de ser filantrópicos, sino de generar alianzas estratégicas que generen factores protectores tanto para las inversiones, como para la propia comunidad, lo que se logra con un Gobierno de visión amplia.
Asimismo, la participación de las empresas es necesaria en los espacios de diálogo y suma de esfuerzos en la construcción de soluciones de seguridad, no solo con su visión, sino también mediante recursos que a través de fideicomisos, complementen el presupuesto público en el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Ya sea sumando las cámaras de su circuito de video vigilancia a los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, aportando oportunidades laborales en la reinserción social o en la construcción de políticas públicas y una legislación más efectiva, el sector privado tiene mucho que aportar.
Un factor para la toma de decisiones es la confianza en las instituciones públicas, especialmente aquellas que tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas.
En el contexto actual de México, la entidad más atractiva para las inversiones probablemente no será aquella en donde haya menos violencia o inseguridad, sino en donde los canales de comunicación, cooperación y contribución con el Gobierno, sean más francos y confiables.
