Adivinar en qué municipio ocurrirá un brote de violencia es complicado; predecir dónde ocurrirá es relativamente sencillo.
Se trata de un tema de cumplimiento de la ley. Es decir, aquellos municipios que no cumplen con su obligación constitucional en materia de seguridad pública, tarde o temprano enfrentarán un mayor número de eventos violentos, incremento de delitos o un mal funcionamiento de su corporación policial, protestas incluidas.
¿Qué motivación podría tener un municipio para mejorar el cumplimiento de sus compromisos en materia de seguridad?
Aunque la respuesta sonaría lógica, la realidad es que en los últimos tiempos es una respuesta difícil de dar. En primera instancia podríamos pensar en la o el candidato que recorrió comunidad por comunidad durante la campaña, con la promesa principal de mejorar la seguridad (en el entendido de que los asesores de campaña detectaron el tema como la primera preocupación y petición ciudadana).
Difícilmente el candidato o candidata diría durante la idílica etapa de la campaña que su promesa sería medio cumplir con la ley y en el camino pedir apoyo al gobierno estatal o federal. Podría asegurar que todas y todos se dijeron con la capacidad suficiente para mejorar las condiciones de seguridad.
¿Cuál sería la responsabilidad del gobierno estatal en esta materia? Además de aquella que por su propia atribución le corresponde, en el caso de los municipios, su papel es ayudarles a cumplir con el tramo de responsabilidad que le corresponde.
Y aquí es en donde se pone interesante en el caso de Guanajuato.
De acuerdo al informe (público) “Compromisos municipales en Materia de Seguridad Pública”, en el marco del Consejo Estatal de Seguridad, al mes de mayo había 11 municipios que estaban por debajo del 60% de los compromisos pactados en materia de seguridad.
Es importante decir que el cumplimiento de los compromisos no se trata de atender la idea de política pública en materia de seguridad que alguien tuvo o de encontrar el hilo negro. Se refiere única y exclusivamente a cumplir lo que por ley les corresponde, lo que además haría acreedores a los municipios cumplidores de un “bono” otorgado por el gobierno estatal, a fin de lograr su fortalecimiento.
Reuniones de coordinación operativa, programa anual de seguridad, implementación de operativos, supervisión, plan de seguridad, instalación de consejos de honor y justicia, contar con una comisión de servicio profesional de carrera, protocolos anticorrupción, recepción de quejas, instalación y operación de unidades de asuntos internos, aplicación de exámenes de control y confianza, cursos de formación inicial, evaluación de competencias básicas y contar con un programa anual de capacitación y profesionalización, así como de homologación de sueldos y prestaciones laborales, son tan solo algunos de los compromisos (básicos) con los que los municipios deben cumplir.
Y entonces vienen las predicciones: si no hay exámenes de control de confianza vigentes, es cuestión de tiempo para que un mando o integrante policial sea sorprendido en un acto ilícito; si no hay capacitación, habrá una mala respuesta o reacción por parte de las y los policías ante una crisis; si no hay servicio profesional de carrera (o su implementación irrestricta) y protocolos anticorrupción (para todos los niveles), pasará poco tiempo antes de que se tenga una inconformidad por parte de las y los policías.
Es claro distinguir entre los municipios “cumplidores” de los que no: rubros con cero avance y en rojo lo demuestran con claridad.
Para aquellos municipios y alcaldes o alcaldesas que tienen un buen cumplimiento, el reto es no perder el ritmo y mantener la supervisión, dado que hay compromisos de reiterado cumplimiento. Los que tienen un cumplimiento mediano, deberán de apretar el paso, mientras que para aquellos que forman parte de los 11 últimos de la tabla, bien harían sus ediles en de inicio, involucrarse en el tema de la seguridad.
Pocos mecanismos de evaluación del trabajo del municipio existen como el cumplimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad. La ciudadanía tiene el derecho y merece saber lo que su alcalde o alcaldesa ha incumplido o logrado: es la regla básica de la administración pública, más aún si hablamos de un tema tan sensible y en el que los municipios tienen tanto qué hacer, como lo es la seguridad pública.
Los avances están disponibles en: www.seguridad.guanajuato.gob.mx, sección “Compromisos municipales en Materia de Seguridad Pública”.
