El domingo pasado, el Gobierno Federal aseguró una operación completa dedicada al robo de hidrocarburos: pipas, tractocamiones, depósitos y rutas clandestinas. No se trató de personas robando gasolina en bidones improvisados: era una red bien estructurada, con logística y capacidad de distribución. Una red que opera a plena luz del día en distintos estados del país y que, aunque no siempre lo veamos, afecta de forma directa nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra justicia.
Hoy el huachicol ya no es una actividad marginal ni impulsiva. Es una industria criminal consolidada, con impacto nacional, que mueve grandes volúmenes de combustible robado y genera flujos de dinero en efectivo que terminan en manos de organizaciones criminales. Este dinero sirve para comprar armas, reclutar jóvenes, controlar territorios y corromper autoridades. Por eso no es un delito aislado: es un delito que alimenta la violencia estructural que golpea a muchas regiones del país.
Además, existe una cadena de complicidades más amplia y menos visible. Empresas de transporte y sectores productivos que consumen este combustible robado para reducir sus costos operativos también se benefician. En muchos casos, este insumo ilegal ha permitido que flotillas enteras crezcan aceleradamente, presentándose como “historias de éxito empresarial”, cuando en realidad operan sobre la base de un delito que daña al Estado y financia al crimen.
Lo más preocupante es la debilidad del sistema de justicia ante este fenómeno. La mayoría de las detenciones que se realizan se limitan al último eslabón de la cadena: el conductor de la pipa, el chofer del tractocamión, o alguien contratado para mover el diésel. Pero las redes que financian, coordinan, protegen y comercializan siguen intactas.
De acuerdo con datos del Poder Judicial de la Federación y de organizaciones de monitoreo judicial, menos del 5% de los casos abiertos por robo de hidrocarburos terminan en sentencia condenatoria. Esto se debe, en gran parte, a la falta de investigaciones patrimoniales, al uso limitado de inteligencia financiera, y a la fragmentación institucional entre autoridades federales, estatales y municipales.
El marco legal es claro. El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas que pueden llegar hasta los 30 años de prisión cuando el robo pone en riesgo la vida o la integridad de las personas. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite el uso de técnicas de investigación avanzadas, como intervenciones telefónicas o seguimiento de operaciones bancarias. El problema no es la falta de leyes, sino su aplicación limitada y poco estratégica.
Y esto nos afecta a todos. Porque mientras el Estado pierde miles de millones de pesos por este delito —recursos que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura—, los ciudadanos enfrentamos un entorno más violento, más injusto y más peligroso. El combustible robado contamina, deteriora los ductos, genera accidentes y crea una economía paralela que mina la competitividad de quienes sí cumplen con la ley.
No se trata solo de capturar a los que transportan combustible ilegal. Se trata de desmantelar la estructura completa: identificar quién financia, quién compra, quién protege y quién se hace de la vista gorda. Y eso requiere una política pública integral, que combine inteligencia criminal, coordinación entre instituciones, fortalecimiento de capacidades ministeriales y vigilancia ciudadana.
El huachicol no es un problema rural ni menor. Es una red criminal que se ha sofisticado y que tiene efectos profundos en la vida pública del país. No enfrentarlo con seriedad y visión estratégica es renunciar a la seguridad, la legalidad y la justicia que merecen todas las personas en México.
