En un país con Estado de Derecho, las reglas del juego son parejas para todas y todos, hay certidumbre jurídica, social y económica, porque se conocen las consecuencias del respeto o la violación a la ley.
La organización independiente internacional “World Justice Project” por cuarto año consecutivo difunde la “Presentación del Índice del Estado de Derecho en México”. El diagnóstico 2022 es poco alentador: contrario a la tendencia de los años anteriores, la mayoría de los estados de nuestro país tienen retrocesos por el debilitamiento de los contrapesos a los gobiernos estatales, el menoscabo de los sistemas de justicia penal, falta de avances anticorrupción y menor participación ciudadana.
Para Guanajuato, los resultados son positivos. De la octava posición que ocupó en el 2021, para este año se coloca en el tercer lugar nacional, con mejora sustantiva en los indicadores calificados por la ciudadanía, especialistas y fuentes oficiales neutras.
Más allá de la violencia existente, aún sobre escenarios de violencia mayores que pocas veces llegan al dominio nacional, los datos que constatan el Estado de Derecho en el estado, superior a 29 estados del país, son muy valiosos.
El factor 1 “límites al poder gubernamental”, que pondera el contrapeso del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, Guanajuato tiene la tercera posición. Se evalúa además la participación de la ciudadanía, la prensa, sanciones al abuso de poder y elecciones libres. “Ausencia de corrupción” es el factor 2; el estado repite la tercera posición, incluyendo a la evaluación a los tres poderes, al sistema de seguridad y de procuración de justicia. Entre las variables se consideran sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos.
El factor 3 es “gobierno abierto”, que es aquel que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. En esta materia Guanajuato ocupa el primer lugar.
Los “derechos fundamentales” son el factor 4. Abarca la ausencia de discriminación, el derecho a la vida y la seguridad, debido proceso legal, libertad de expresión y religiosa, así como otros derechos. En este apartado, se ocupa la posición 17. El factor 5 “orden y seguridad” mide ausencia de homicidios, del crimen y la percepción de seguridad. Es uno de los apartados más complejos en el escenario actual, con gobiernos locales que padecen a una delincuencia organizada a la que en el territorio local se convierte en una Medusa a la que solo se le corta la cabeza momentáneamente. De la posición 32, la última de la lista que ocupó el año pasado, en 2022 Guanajuato avanzó nueve lugares y ocupa la posición 23. Seguir avanzando es el mayor reto.
“Cumplimiento regulatorio” es el factor 6; abarca procesos administrativos eficientes, su debido proceso y derechos de propiedad. Guanajuato ocupa nuevamente el primer lugar nacional. Para el caso de “justicia civil”, colocado como factor 7 y que abarca el conocimiento de derechos, procesos no burocráticos, de calidad, expeditos, accesibles e imparciales, ocupa el primer sitio también.
El factor 8 “justicia penal”, abarca la investigación, procuración e impartición de justicia, derechos de las víctimas, debido proceso, imparcialidad y un sistema penitenciario seguro y respetuoso de derechos humanos, Guanajuato está en la posición 6, avanzando dos sitios respecto al año anterior.
El camino no ha sido sencillo, pero los resultados que el estudio ofrece, más otros indicadores, advierten que se transita por la ruta correcta, especialmente cuando se apuesta por las instituciones y no por las ideas unipersonales.
Sophia Huett
