Se robaban hasta 30 carros al día. Era realmente muy fácil. Esperaban un semáforo, la fila para dejar a los niños en la escuela, a que la víctima ingresara a su cochera… cualquier momento era aprovechado para robarse el carro.
Salían tranquilamente de la ciudad o se dirigían a los fraccionamientos en donde “enfriaban” los vehículos. Luego eran remarcados en la misma ciudad o en ciudades vecinas, para su posterior venta en un precio “de oferta”.
Salían rápido. Siempre había un comprador deseoso de un carro barato. El esquema era muy sencillo, con ganancia absoluta y prácticamente, la banda delincuencial se mantenía intacta.
Y de pronto, algo cambió.
Ante la noticia de un robo de vehículo, comenzó a desplegarse un operativo policial. En algunos casos, ante la presencia de la autoridad, el delincuente dejaba el carro abandonado y huía, en otros más era detenido.
Al crimen le empezó a salir caro robarse carros. Algunos de los detenidos salían de circulación cinco o seis años y si le encontraba relación con otros delitos, la condena en prisión era aún mayor. Ni qué decir de las armas que se le aseguraban.
Además, cuando los carros robados eran detectados en algún inmueble, el aseguramiento no solo era el del vehículo en cuestión, sino de otros carros, motos o del inmueble mismo, en el que regularmente había una concurrencia de delitos.
Y así, el robo de vehículos dejó de ser rentable.
Un teléfono, una cuenta bancaria, datos personales encontrados fácilmente a través de internet. Es lo que básicamente necesitaban para realizar una extorsión telefónica o un secuestro virtual, sin importar los kilómetros de distancia de la víctima.
Una llamada, un argumento que sorprende y listo. Dos mil, cinco mil, 10 mil, 50 mil y hasta más de 100 mil pesos obtenidos en un ratito, transferidos por la víctima a una cuenta bancaria para disponer fácilmente de ellos.
Por el miedo o por la pena, no hay denuncia… y la cuenta bancaria sigue ahí, funcionando.
Y de pronto, algo cambió.
Consumada o no la extorsión o fraude, las víctimas comenzaron a denunciar y las cuentas bancarias comenzaron a ser bloqueadas. Independientemente de las posibles detenciones, una cuenta congelada pega caro a los criminales, tanto por los recursos que en ella pierden, además de la complejidad de obtener una nueva cuenta bancaria.
Y así, la extorsión telefónica y el secuestro dejan de ser rentables.
Eso es encarecer el costo del delito. Y se logra cuando hay una autoridad que trabaja y una sociedad que denuncia. Esa suma de esfuerzos deja de hacer costeable ciertas actividades criminales, que nos vendría muy bien disminuir.
En el primer caso, Celaya es un caso de éxito. En el segundo, la meta es que llamar a nuestro estado para delinquir, sea poco rentable para el delincuente.
Sophia Huett
