Ya sea que el delincuente se presente ante la víctima o que sea a través de una llamada telefónica (91% de los casos), la extorsión provoca una dolorosa sensación de vulnerabilidad. Incluso llega a desarrollarse un cierto tipo de relación entre delincuente y víctima en sus distintas modalidades; en la extorsión “parasitaria”, el delincuente pide constantes pagos a la víctima por un largo tiempo, mientras que en la “depredadora” se exige un alto monto por una única ocasión. Respecto al año anterior, en el 2019 la extorsión creció más del 30% en el número de las denuncias y ni qué decir de la cifra negra. ¿Por qué año con año este delito sigue aumentando en porcentajes tan altos?
En primera instancia porque se le da tratamiento de delito del fuero común, como si su solución estuviera en la policía local o en los sistemas de justicia estatales, cuando la problemática es mucho más compleja.
A ello se suma que las organizaciones criminales se fragmentan y “se reparten” actividades, algunas de las cuales están destinadas a obtener ingresos de forma rápida y difíciles de detectar para las autoridades, pues no se requiere estar en la calle, ni tampoco revender el producto, sino solo gastar la ganancia como mejor convenga al delincuente. Para darnos una idea de su crecimiento, Querétaro registró el mayor incremento en los últimos años: en 2015 su tasa era de 1.9 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que para el 2019 llegó a 82.3 casos en la misma proporción. Zacatecas es la entidad que tiene la tasa de extorsión más alta del país, con 283 casos por cada 100 mil habitantes.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI (cuya valía radica en que contribuye al diseño de políticas públicas), indica que el escenario más frecuente para quienes padecieron este delito fue en 68% de los casos el hogar y el 15% en el trabajo. Además, por cada extorsión en la zona rural, hay dos en zonas urbanas. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas señala que 97% de los casos no se denunciaron o no fueron investigados por la autoridad.
Tras la exposición de estos datos que parecieran poco alentadores, un par de observaciones:
• No combatir a la delincuencia, buscando que la delincuencia no se meta con la ciudadanía, no es una opción. Hoy no hay criminales “dedicados a lo suyo”, sino delincuentes voraces que están a la búsqueda de más recursos.
• La extorsión no es una problemática de una ciudad o de un estado, sino un flagelo nacional, una vertiente delictiva del crimen organizado.
En noviembre del 2018, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para clasificar el delito de extorsión como delincuencia organizada, cuando participen tres o más personas. Su aprobación sigue pendiente.
De hacerlo, para tranquilidad del denunciante, sería posible dictar prisión preventiva a quien se relacione con este delito, además de que podría optarse por un esquema integral desde la instancia federal, para que sin distinguir entidades o territorios, se establezcan mecanismos de combate a este delito.
Como diría la frase: si hacemos las cosas de la misma forma, obtendremos los mismos resultados. Es tiempo de buscar otras opciones, por el bien de la ciudadanía.
