Estimadas empresas de telefonía, hoy quiero compartirles mi vivencia, no por pedir su atención a un caso particular aprovechándome de un espacio público, sino para visibilizar que sus fines económicos vulneran la seguridad de la ciudadanía.
Les cuento que desde hace 15 años tengo el mismo número telefónico. Para mayo de este año, venció el plazo de 24 meses de la compra del equipo.
Mi pesadilla comenzó dos meses antes de la fecha. Recibí llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos presionándome a que adquiriera un equipo nuevo.
Bloqueé cada número telefónico en llamada y texto, pero la molestia siguió por otros números. Era claro, por los logotipos, los textos y las firmas, que son distribuidores suyos, con quienes comparten las bases de datos, con el fin de aumentar renovaciones de los equipos (o al menos así lo quiero creer). Fueron tan agresivos con su estrategia de venta, que consideré cambiar de compañía.
Para mi mala suerte, una mala caída del teléfono me obligó a tomar una decisión urgente. Obvio, nunca pensé contactar a esos distribuidores que tanto prometían y acudí al centro de atención telefónica. La expectativa era salir con un aparato funcional y dos años sin llamadas molestas.
El gusto me duró poco. Semanas después recibí nuevos mensajes con la misma “promoción” de renovación de equipo y el doble de gigas. Luego, una llamada que decidí escuchar pacientemente. El ofrecimiento del “centro de atención” era que me enviarían el nuevo teléfono a mi casa, al darles mis datos bancarios. Cuando pregunté si no habían registrado mi trámite anterior, me dijeron puntualmente la fecha de renovación de mi equipo. Al cuestionarles, me colgaron.
Llamé de nuevo. No contestó un conmutador, sino la misma voz a la que le pedí hablar con un supervisor. En cuanto la voz masculina me escuchó, colgó de nuevo.
La llamada fue realizada de un número de prepago de un particular que tenía mi información y solicitaba datos bancarios adicionales. ¿Cómo pudo ocurrir esto?
¿Pero saben? No soy la única.
En días pasados atendí a un ciudadano que recibió mensajes de extorsión, en el que le dijeron su nombre completo y hasta le enviaron una copia de su credencial de elector. Hay elementos para creer que la llamada era realizada desde un penal del norte del país. ¿Cómo pudo ocurrir esto?
En ambos casos, estimadas empresas telefónicas, temo decirles que hay elementos para creer que ustedes están violando nuestro derecho a la protección de nuestros datos personales. Su sistema predictivo, como ustedes les nombran, no solamente se convierte en acoso por parte de distribuidores, sino además un insumo para el crimen.
Me atrevo a afirmar que todos los hogares de México han recibido llamadas fraudulentas, identificándose como proveedor de un servicio o como integrantes de un grupo delictivo con el argumento de la extorsión. En más casos de los que imaginamos, el usuario cae en la trampa y entrega su información bancaria o le deposita al plácido delincuente que con una buena base de datos y un teléfono, obtiene una indignante ganancia.
¿Vale la pena que, con tal de vender más, nos pongan en esta situación al entregar nuestros datos a terceros?
En materia de seguridad ciudadana, mientras las autoridades jalan para un lado, pareciera que ustedes jalan para el otro.
Es un cuento de nunca acabar.
Por lo pronto, en una acción reactiva a algo que uno da por hecho, apelé a mis derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) para solicitarles que no compartan mis datos.
Lo correcto y lo decente, es que sus acciones estén alineadas a políticas que refuerzan la seguridad, por encima de sus intereses económicos.
Se le llama ética.
Sophia Huett
