Apenas en 2018 se celebró por primera ocasión el Día Nacional del Ministerio Público, con el objetivo de reconocer su labor en la salvaguarda de los principios del estado de derecho, mediante el acceso pleno y equitativo a la justicia.
Pareciera difícil de comprender que en el caso de una instancia cuyo efecto es determinante sobre la eficiencia y eficacia con que se percibe a las instituciones y que afecta las decisiones que toma el ciudadano víctima de un delito, tenga tan poco tiempo reconociéndose.
Por ello, resulta indispensable valorar, dignificar y empoderar la función que las y los agentes o fiscales realizan en el marco de las labores de seguridad y justicia en nuestro país.
Dicho en términos prácticos, el Ministerio Público es un organismo del Estado al que se le atribuye la representación de los intereses de la sociedad, mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de hechos que son constitutivos de un delito, la protección de las víctimas y testigos, así como la titularidad y sustento de la acción penal pública. Asimismo, contribuye a los criterios de política criminal o persecución penal por parte del Estado.
A nivel nacional, hay 195 agencias y 2 mil 940 agentes y fiscales para atender delitos del fuero federal, mientras que para la atención de los delitos del fuero común existen 3 mil 462 agencias y 10 mil 315 agentes o fiscales.
¿Quiénes son esos agentes o fiscales del Ministerio Público? El 50% de las y los agentes o fiscales tienen menos de 40 años, son 49% hombres y 51% mujeres en números redondos, además de que el 54% tienen un sueldo promedio de 20 a 30 mil pesos mensuales.
A nivel nacional, los delitos de robo son los que ocupan su la mayor carga de trabajo: en el 2017 a nivel nacional cada agente o fiscal atendió 70 casos tan solo por este delito.
A partir de la Reforma Constitucional del 2008, se presentó un cambio sustancial en el Ministerio Público, pues la denuncia y recopilación de datos de prueba dejaron de ser su facultad exclusiva y comenzó también a ser parte de las funciones de la Policía, mientras que a la par se le dotó de facultades para solucionar de manera anticipada conflictos menores mediante criterios de oportunidad así como de promover mecanismos alternativos de solución de controversias durante el proceso, sin la intervención directa de un juez. Ello implicó trabajar aún más en equipo y encontrar nuevas soluciones a favor de la armonía social.
A su vez, enfrentó otros nuevos retos, entre los que se incluye el constante fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de la profesionalización de los recursos humanos y mejoras en los esquemas de gestión. Uno de los cambios más visibles fue la transición de ser procuradurías a fiscalías, con un fundamento legal que permite una mayor independencia en el ejercicio de su función.
En el contexto delictivo actual, el Ministerio Público afronta nuevos retos adicionales a la transición al sistema oral: ¿cómo lograr una persecución estratégica de delitos?
El desafío es pasar del esquema de atender casos en particular a atender el fenómeno criminal de manera integral, que permita anticiparse a la comisión de nuevos delitos y a la desarticulación de organizaciones criminales, es decir, una política criminal de largo alcance.
Otro de los retos es justamente en materia de percepción: ¿cómo lograr la transparencia que genere confianza? ¿Cómo lograr que el ciudadano que es víctima de un delito cumpla su expectativa cuando acude a la autoridad y así se logre erradicar la cifra negra?
No pensemos que es un camino en el que el Ministerio Público debe ir solo. Acompañarle e involucrarse en el proceso, generará ganancias para la sociedad, como que de inicio sepa a qué autoridad acudir en caso de ser víctima. _
