En Tamaulipas estamos viviendo un cambio que tendrá consecuencias enormes: la toma de protesta de 147 nuevas y nuevos juzgadores, entre ellos las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Lo primero que no podemos perder de vista es la forma en que fueron electos. No es nuevo que existan vínculos con el Poder Ejecutivo, pero antes el Congreso tenía la facultad de elegir y, aunque el gobernador en turno solía contar con mayoría legislativa, la responsabilidad política quedaba compartida con un órgano colegiado.
Hoy no fue así. El proceso reciente mostró que el poder político operó directamente los nombramientos a partir de una movilización electoral.
No se trató de una decisión del Congreso, sino de una operación para imponer. La responsabilidad política, a los ojos de la ciudadanía y a nivel internacional, ya no está diluida: ahora recae, solamente, en manos del poder político actual.
¿Y por qué importa tanto? Porque jueces y magistrados no resuelven asuntos sin importancia. Hablamos de casos familiares, civiles y penales, así como de su resolución en segunda instancia.
Eso significa que si un opositor enfrenta un proceso judicial manipulado, si se decide sobre la patria potestad de un menor sin apego a derecho, si se resuelve un tema sensible que afecta a cualquier ciudadano, o si hay algún escándalo mayor, la carga política de esa resolución será de quien o quienes impulsaron a esos juzgadores.
La política suele verse como algo lejano, pero este tipo de decisiones impactan la vida cotidiana. Quien enfrente un juicio por la custodia de sus hijos sabrá que las y los jueces que deciden, llegaron ahí por una operación política. Y si se percibe sesgo, abuso o parcialidad, la ciudadanía no solo mirará al tribunal: también señalará al partido en el poder y a los gobiernos emanados de él.
Por eso se dice que la responsabilidad política será permanente al menos mientras duren en funciones. Los nombres de quienes juzgan cambiarán expedientes, pero el sello de quien realmente los eligió permanecerá imborrable.
Ese es el verdadero costo de haber concentrado la decisión: se gana poder, sí, pero también se hereda una responsabilidad.
Vaya tamaño de responsabilidad, ojalá que en cada decisión, las y los juzgadores, se ganen la confianza de la ciudadanía, porque en sus manos descansa gran parte de la paz social del estado.
