En los últimos años, la figura del Poder Judicial ha cobrado un mayor protagonismo. Mientras que en siglos pasados el poder dominante fue el Ejecutivo o el Legislativo, el siglo XXI, en muchos países, es el siglo de los jueces. México pese a tener un sistema presidencialista no ha sido ajeno a esta evolución.
Hoy los jueces ya no sólo actúan como un legislador en sentido negativo -es decir, en el sentido que si bien no pueden legislar, pueden dejar de aplicar una ley- sino que a través de sus resoluciones, están creando normas. Asimismo, hemos visto, cada vez con mayor frecuencia, cómo decisiones trascendentes para el desarrollo del país han quedado en voz del Poder Judicial, y hemos sido testigos de destituciones a representantes del Poder Ejecutivo y órdenes al Poder Legislativo a través de sus fallos.
Al respecto creo que vale mucho la pena considerar tres casos:
-Tarifa cero. Fue un caso done la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la regulación tarifaria estipulada por el Congreso de la Unión con la Reforma en Telecomunicaciones era inconstitucional, pues la competencia para hacerlo correspondía, de acuerdo con dicha sentencia, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, lo más polémico de este caso fueron sus efectos, pues contrario a lo que sucede con todos los juicios de amparo, la Corte resolvió que no daría efecto retroactivo y que, incluso, la tarifa cero se seguiría aplicando hasta el final de este año. Es decir, algo que declaró inconstitucional, permitió que se siguiera aplicando y que no hubiera un pago retroactivo; esto más que con base en la ley, lo hizo en razón de un análisis de los beneficios que la Reforma en Telecomunicaciones ha traído al país y a los consumidores. Se trata de un caso paradigmático que marca un antes y un después.
-Destitución a Jefe Delegacional. La Suprema Corte ordenó la destitución y consignación del jefe Delegacional de Venustiano Carranza por desacato de una orden judicial emanada de un laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se ordenó la reinstalación y el pago de salario caídos a cuatro trabajadores.
-Ley de gasto en publicidad oficial. Producto de la Reforma Político-Electoral se estableció en un transitorio que el Congreso de la Unión debía emitir una ley que regulara el gasto en publicidad oficial. Sin embargo, desde que se estipuló dicha obligación en 2014 a la fecha, la legislación no ha sido aprobada, por lo que la Suprema Corte resolvió un amparo donde ordena su emisión antes del 30 de abril de 2018.
Estos casos muestran una evolución y una mayor actividad por parte del Poder Judicial. En lo personal considero que, hasta ahora, este desempeño coadyuva en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y sobre todo para tener un México más justo.
