La tragedia de Tlahuelilpan sigue absolutamente impune y pone al descubierto la crisis sistémica de los derechos humanos y la capacidad del sistema político mexicano de ocultar la realidad de los actos a costa de la dignidad de la población de la zona, utilizando en todos los casos la amenaza, el terror para generar miedo por medio del acoso social. Aunado a esto manifiestan todo lo contrario, simulando su respaldo con una miseria de apoyo económico con lo que buscan encubrió su mala intencionalidad ante la opinión pública, aunque reconoce de diversos factores la negligencia que hubo respecto a las circunstancias de esta masiva crisis que causó tantos muertos de la población a causa de la explosión.
Hay razones legales y no legales que explican porque los gobernantes no quieren conducir cualquier debate sobre el tema para evitar algún juicio nacional e internacional ante Derechos Humanos. Además existen otros factores para enjuiciar esta tragedia contra la humanidad, según explican fuentes jurídicas, ya que presentan diversas hipótesis sobre cómo se perjudicó la dignidad de la población.
La tragedia cometida contra las víctimas constituye un delito de genocidio en la forma negligente de la autoridad desde que la gente acudió al lugar que demostró que tales actos fueron cometidos con la intensión de no evitar la masacre. Esto destruyó a este grupo de gente; es decir, que había intencionalidad genocida. Los ciudadanos quedaron en la duda si los motivos solo fueron políticos, lo que le llevaría a considerarse crimen de la humanidad; el debate debe ampliar el concepto de la tragedia para esta persecución, aunque a la fecha no se ha cristalizado ningún tipo de interés por parte de los gobernantes.
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