La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo es el órgano que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos, su titular es el Procurador de Justicia quien preside este organismo público, técnico-jurídico, autónomo, administrativo, presupuestario y financiero.
En efecto, durante los últimos años, la gestión del que pudiera ser procurador sufre los embates de la lucha política ya que los mismos grupos políticos toman como presa y bloquean la designación de cualquier titular para que la clase política actúe y no pueda ser investigada.
Considerando la reingeniería aplicada por el actual procurador Raúl Arroyo González, quien fue designado por el Congreso Local el pasado mes de julio para el periodo 2018-2023, fue muy positivo que al asumir sus actuales responsabilidades, haya manifestado su compromiso en hacer justicia en casos de violencia de derechos humanos.
Pese a que sus antecesores han emitido declaraciones similares en el pasado, no han tenido cumplimiento, mientras que las medidas que adoptó el actual procurador han sido más eficaces en los pocos meses que lleva al frente.
Es indispensable que los compromisos del titular de la Procuraduría se traduzcan en acciones concretas y no solo eso, sino también el Congreso del Estado dentro de su legislación debe fortalecer reformas que apoyen a este instituto, ya que una de las máximas prioridades del procurador es impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los casos de presuntos delitos, exclusivamente el problema del huachicol que cada día es más visto y se fortalece en el estado, lastimando a los hidalguenses, además, asegura que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan la garantía que los perpetradores de abusos - sean políticos o civiles - deben presentarse ante la justicia.
