Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dicen por ahí. Y tal parece que los efectos de votar con las vísceras empiezan a pesarle a los argentinos.
Apenas asumió el poder, se avisaron las polémicas diez medidas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, tales como la devaluación del peso argentino en un 50 por ciento y la reducción a los subsidios de energía y transporte.
De manera inmediata se esperaban marchas, pues al parecer los argentinos no tomaron suficientemente en cuenta que no existen varitas mágicas para rescatar países. Que las manos duras tienen consecuencias.
Y justo cuando se dieron los avisos de los movimientos sociales ante el plan de ajuste, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que las fuerzas federales argentinas intervendrán en cualquier protesta o bloqueo de calles que se realice sin permiso.
"Las cuatro fuerzas federales, más el servicio penitenciario federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales de calles, carreteras y puentes bajo jurisdicción federal”, señaló la ministra. Además, los costos vinculados al operativo de seguridad deberán correr por cuenta de "organizaciones y/o individuos responsables" de toda manifestación que impida la libre circulación.
Y más allá de la situación económica que ha venido enfrentando Argentina, donde la inflación ha alcanzado el 160% y se prevé que aumente más con todo y las medidas, ¿realmente es justificable coartar la libertad a disentir y la supresión de derechos en pos de un supuesto plan económico?
Argentina no es el primer país en recorrer este camino de retroceso de los derechos humanos y garantías sociales. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha logrado posicionar la narrativa dentro y fuera del país de que la paz justifica un estado de excepción permanente y que las 71 mil personas detenidas en los primeros 19 meses que lleva activo son exclusivamente “mareros” o relacionados con ello. No obstante, este relato no se sostiene. De acuerdo con diversas fuentes, diferentes organizaciones no gubernamentales han apuntado a detenciones arbitrarias así como la criminalización de activistas y defensores de derechos humanos (El País, 2023).
Pero el (mal) ejemplo cunde. En diciembre de 2022, menos de un año después de ocupar su cargo, Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, declaró un estado de excepción que abarcaba las partes del país con tasas de delincuencia más elevadas. Según afirmó, se requerían medidas extraordinarias para luchar contra la inseguridad, especialmente las extorsiones. Por lo cual, debido a ello, las autoridades suspendieron derechos constitucionales tales como la libertad de circulación y de reunión. Se permitió a la policía militar practicar detenciones, lo cual no formaba parte de sus funciones, así como el registrar domicilios sin orden judicial. (Amnistía Internacional 2023).
La criminalidad, la pobreza y la violencia ha influido en legitimar en países latinoamericanos estos regímenes. No obstante, el ceder de manera voluntaria la libertad y ponerse ellos mismos la mordaza son caminos de no retorno. En lugar de construir un estado de derecho, con legitimidad y legalidad, tomaron un atajo hacia una paz aparente. Pero en realidad entraron a un callejón sin salida. ¿Viva la libertad?
