El pasado viernes, en comisiones del Congreso de Jalisco se aprobó un dictamen elaborado tras bambalinas en materia de transparencia para armonizar la Constitución local con el nuevo modelo de derecho de acceso a la información y protección de datos personales establecido en la reforma a la Constitución federal del 20 de diciembre de 2024. El dictamen aprobado es un copy-paste de la disposición federal.
Jalisco, que en algo se distinguió desde 2005, fue referente en materia de transparencia. El viernes, sin embargo, dio muestra pública que va en sentido contrario. No hubo la voluntad ni la visión de dar pasos hacia adelante.
El dictamen aprobado estará sujeto al pleno del Congreso, y luego en los 125 Ayuntamientos del estado. Aún puede reivindicarse el Congreso de Jalisco, sacar la casta, liberarse de los “acuerdos” cupulares inconfesables; legislar en materia de transparencia de manera transparente.
El Congreso, además, puede darse el tiempo para resolver implicaciones que tendrá la reforma planteada: la suspensión del derecho de acceso a la información en su fase de resolución de quejas o recursos; mapear las leyes que resultarán impactadas, sobre todo las orgánicas de los tres poderes que serán autoridades garantes; hacer ver a los Ayuntamientos que su autonomía, desde la Constitución federal, ha quedado violentada al quedar bajo una autoridad estatal como su autoridad garante.
La suspensión de 90 días, por decreto, de un derecho fundamental es gravísimo. No se suspende, pues se podrán presentar solicitudes, argumentan. Con ese argumento, el conocimiento del derecho de acceso a la información, sobre el que están legislando, queda evidenciado al reducirlo a solicitudes.
Un elemento que amerita discusión abierta es quién será la “autoridad garante” de los partidos políticos. Si las normas nacionales establecen que la autoridad nacional es quien fiscaliza a los partidos políticos, nacionales y locales, cómo evitar que éstos tengan dos “autoridades garantes” sobre un mismo asunto: el INE y ahora en Jalisco poner al Instituto Electoral local (IEPC).
Un asunto de fondo que viene desde la Constitución federal y que Jalisco puede subsanar en lo local: incorporar la participación desde la Constitución (lo que implicaría un avance) a los sujetos del derecho en el subsistema de transparencia (que aquí sería un Sistema Estatal) a través de un Consejo Consultivo Ciudadano. Dejarlo en una ley secundaria resultaría adorno.
Y si ahora las autoridades garantes serán los órganos internos de control, por qué no establecer en la Constitución su fortalecimiento (autonomía y recursos irreductibles), con lo que la rendición de cuentas, la prevención y combate a la corrupción, garantizando el derecho fundamental de acceso a la información pública, estarían articulados. Hay tiempo, y que se puede, se puede.
